El abogado defensor de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, Jordi Pina, ha presentado este viernes ante el Tribunal Supremo los escritos de conclusiones definitivas que confirman las provisionales y piden la absolución de sus tres clientes.
En las decenas de páginas de cada escrito se hace un relato de los hechos, que no se consideran delictivos, y se asegura que realizaron estos actos en ejercicio de varios derechos fundamentales como la libertad ideológica y de expresión, el derecho de manifestación o la libertad política.
Por eso, alerta que si son condenados, se vulnerarán estos derechos, y la defensa ya avanza que acudirá al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, para defenderlos.
Los hechos relatados se remontan a la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto, el 2010, con manifestaciones, elecciones diversas, declaraciones políticas, hasta llegar el septiembre del 2017.
En todo caso, ninguno de los hechos, dice el abogado, podría suponer un delito de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos u organización criminal.
De hecho, reitera que no hubo violencia generalizada ni organizada aquellos días, excepto puntualmente dos coches de la Guardia Civil dañados y alguno otro pequeño incidente; además, los tres dirigentes hicieron llamamientos a la actitud pacífica, dicen los escritos.
