El 5 de julio del año 2016, la Fiscalía Anticorrupción emprendió una operación contra la presunta financiación ilegal de CDC. Esta actuación judicial –bautizada con el nombre de operación Termyca- era una continuación de las investigaciones sobre la trama de comisiones del 3%, iniciada dos años antes, a partir de las graves irregularidades detectadas en el Ayuntamiento de Torredembarra y denunciadas por una ex concejal de ERC.
Una de las piezas separadas del sumario del 3% hace referencia a la consultora Efial, que, durante años, recibió numerosos contratos de asesoría de ayuntamientos gobernados por CDC (Torredembarra, Ascó, L'Ametlla de Mar, la Seu d'Urgell, Tàrrega, Girona, Tàrrega, Llinars del Vallès…). Efial se había especializado en la creación de “ayuntamientos paralelos”, para que los alcaldes pudieran gobernar y gastar el presupuesto sin el control de los concejales de la oposición política ni de la intervención municipal.
La conexión andorrana
La cara visible de Efial era el economista Toni Martos, que con anterioridad había trabajado en el Ayuntamiento de Barcelona. Toni Martos tiene muchos vínculos con Andorra y es cuñado de Jaume Sabater, ex director general de Andbank (1998-2008) y socio de la empresa andorrana OCPS Auditores y Consultores SL. La estrecha relación entre Efial-OCPS viene dada, además, porque tienen como socio común la empresa de auditoría Oliver Camps y porque Jaume Sabater fue, entre los años 2012-14, consejero delegado de Efial.
Por eso, la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, en colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, traspasó la frontera andorrana. Aquel 5 de julio del 2016, no solo se practicaron registros y detenciones en ayuntamientos y despachos empresariales de Cataluña. A través de una comisión rogatoria internacional, autorizada por los tribunales andorranos, agentes de la UCO entraron en la sede de OCPS, en la calle Vilanova de Andorra la Vella, y a dos despachos más vinculados a Jaume Sabater (Universal Gestión y Jaume Sabater Rovira SL), de donde se llevaron un montón de documentación.
Hombre de confianza de los Pujol
Las autoridades judiciales españolas siempre han sospechado que Jaume Sabater es una pieza capital en el entramado de corrupción de la familia Pujol y de CDC. Antes de trasladarse a vivir a Andorra, Jaume Sabater fue militante de primera hora del partido pujolista, alcalde de Port-bou (1979-83) y director general de Andbank durante el periodo de máxima actividad de Jordi Pujol Ferrusola, acusado de cobrar montañas de comisiones de empresas adjudicatarias de la administración catalana y de esconderlas en este banco del Principado.
La mano derecha de Jaume Sabater en Andbank, Eduard Jordi, también es su socio a OCPS y, como él, mantiene estrechos vínculos con CDC. Además, Eduard Jordi figura como consejero delegado y director de esta empresa andorrana de auditoría y asesoría.
Un canal de evasión
La pieza separada del sumario del 3% que investiga los contratos de Efial con ayuntamientos catalanes y su conexión con Andorra intenta demostrar que esta estructura jurídica se usaba para blanquear y evadir dinero a través de los vínculos societarios Efial-OCPS. En total, la Fiscalía Anticorrupción calcula que, por este sistema, esta trama habría canalizado unos 3 millones de euros hacia el Coprincipado, para ponerlos fuera del control de la Agencia Tributaria española.
Después de ser instruido , en una primera fase, por el juzgado del Vendrell, el caso del 3% ha pasado a la Audiencia Nacional, donde ahora lo lleva el magistrado José de la Mata, el mismo que se ocupa de la investigación de la fortuna de los Pujol escondida en paraísos fiscales. Y es que ambos casos, según se ha podido constatar, están muy conectados: hay empresarios que, como los Sumarroca, pagaban tanto el 3% de comisiones al partido convergente como llenaban, a la vez, los bolsillos de la familia Pujol.
Buenos padrinos
La empresa de auditoría de Jaume Sabater y de su socio Eduard Jordi es muy conocida por las autoridades políticas andorranas. Solo hay que ir a los archivos del Boletín Oficial del Principado de Andorra (BOPA) para constatar que, desde el año 2009, OCPS ha recibido 35 contratos públicos: del gobierno, pero también de los comunes (ayuntamientos), del Tribunal de Cuentas, del Servicio de Telecomunicaciones de Andorra…
En la historia de OCPS hay una fecha marcada en rojo: el 5 de julio del 2016, cuando los agentes de la UCO hacen, con la preceptiva autorización judicial, un registro de sus dependencias en Andorra la Vella. Pero el hecho de estar bajo el foco de las autoridades judiciales y policiales españolas por un presunto caso de corrupción política parece que no tiene ningún tipo de importancia para el gobierno de Toni Martí, donde Jaume Sabater y Eduard Jordi demuestran tener una gran influencia, a través del actual ministro de Ordenamiento Territorial, Jordi Torres.
Contratos por un tubo
Lejos de quedar bajo la sombra de la sospecha por la intervención de la Fiscalía Anticorrupción española y de la Guardia Civil, las instituciones andorranas han continuado, como si nada, regando con contratos públicos a OCPS. En concreto, según el BOPA, desde el 5 de julio del 2016, la empresa de Jaume Sabater i Eduard Jordi ha recibido seis encargos del gobierno de Toni Martí, dos del Tribunal de Cuentas y otro de la Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos de Autores y Derechos Vecinos (SDADV).
Los que tienen más chicha son los contratos otorgados por el Tribunal de Cuentas. Así, el 30 de marzo del 2017, OCPS es adjudicatario del contrato de este organismo, que depende del Consejo General, para auditar las cuentas del Gobierno (31.330 euros), la CASS (20.965 euros), el Servicio Andorrano de Atención Sanitaria (22.400 euros) y el fondo de reserva de las jubilaciones (3.950 euros). Y el 28 de junio del año pasado, el Tribunal de Cuentas vuelve a hacerle confianza: le otorga las auditorías de la CASS (21.840 euros), el Servicio Andorrano de Atención Sanitaria (23.150 euros), Andorra Turismo SAU (5.750 euros), la Escuela Nuestra Señora de Meritxell (5.215 euros) y el fondo de reserva de las jubilaciones (4.550 euros).
De la relación de contratos que externaliza cada año el Tribunal de Cuentas se llega a la conclusión que OCPS es, con muchísima diferencia, la empresa más beneficiada por el organismo que preside Francisco de Asís Pons Tomàs. Las otras empresas andorranas de auditoría se llevan solo las migajas y esto provoca un fuerte malestar en el sector.
