La vicepresidenta del gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el ejecutivo de Mariano Rajoy ha consultado al Consejo de Estado la viabilidad de presentar recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la investidura de Carles Puigdemont.
Sáenz de Santamaría ha dicho que ante la resolución hecha pública por parte del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, de proponer Carles Puigdemont como candidato a ser investido presidente, el Estado invoca el artículo 161 de la Constitución que dice que «el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas«, y que «la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, tendrá que ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses».
La vicepresidenta ha dicho que espera que Roger Torrent acate las decisiones que tome el Tribunal Constitucional, y ha criticado que el presidente del Parlament haya propuesto Puigdemont para la investidura cuando este último tiene una orden efectiva de detención. Aquí, Sáenz de Santamaría ha dicho que Torrent «no puede proponer Puigdemont como candidato, pero puede proponer otro«, sin concretar el nombre.
El gobierno central considera que Carles Puigdemont no tiene todos los derechos de cualquier ciudadano, como es el de la «libertad deambulatoria«, puesto que si entra en territorio español, se tiene que poner a disposición de la justicia y de no hacerlo tienen que hacerlo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Para la vicepresidenta del ejecutivo de Rajoy, el estatus de Puigdemont es incompatible con su comparecencia en persona a la sesión de investidura.
Soraya Sáenz de Santamaría también ha anunciado que han elevado otras consultas al Consejo de Estado para valorar si presentan recurso al TC ante la posibilidad que un candidato a presidente de la Generalitat no esté presente en la sesión de investidura, también sobre si Mesa o el presidente de la Cámara lo permite, así como contra la posibilidad de admitir el voto delegado de diputados que se encuentran huidos de la justicia fuera de territorio español.
