El viernes 12 de mayo puede ser -esta vez, sí- una fecha histórica no sólo para Cataluña sino para todo el mundo. El gobierno de la Generalitat, representado por su consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, y el grupo impulsor de la iniciativa legislativa popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), se pusieron de acuerdo en el texto que ha de regularla y empezar a aplicarla a partir del próximo mes de septiembre.
Junts pel Sí ha pasado de decir que la Renta Garantizada de Ciudadanía nos llevaría a una Cataluña de las subvenciones en vez de una emprendedora, tal y como afirmó en el Parlament su diputado Oriol Amat, a aceptar una formulación que sus promotores han dado por buena por unanimidad.
Es cierto que Junts pel Sí ha pasado el rastrillo a la propuesta que llegó al Parlament, con más de 120.000 firmas detrás, a finales de 2013. Donde ponía que tendrían derecho todos los mayores de 18 años, Dolores Bassa ha impuesto que sean los que tengan más de 23. Donde decía, en 2013, que la RGC sería de 664 euros mensuales, la consejera ha retrasado esta retribución hasta el 2020. Ahora sólo dará 570. Donde se pedía un año de residencia en Cataluña para tener acceso a ella, el Gobierno catalán pide dos. Donde se desvinculaba la prestación de la aceptación de trabajos que no fueran adecuados al beneficiario se habla ahora de retirar la RGC si no se acepta cualquier trabajo.
En Cataluña se calcula que hay 176.000 familias que no reciben ningún ingreso fijo mensual. Se prevé que en septiembre, si empieza a pagarse la RGC, se beneficiarán de ella unas 70.000 familias. Lejos, muy lejos de hacer frente de forma contundente a la pobreza que afecta a un 20% de la sociedad catalana.
Pero los dirigentes de las entidades que se baten el cobre cada día en la asistencia social y el apoyo a los más débiles saben que para una persona que recibe 420 euros al mes de la Renta Mínima de Inserción o de una pensión miserable, añadirle 150 hasta los 570 es un salto espectacular en su calidad de vida.
Sobre todo, lo que quedará consolidado es que la Renta Garantizada de Ciudadanía no es una limosna de las administraciones públicas sino un derecho adquirido.
De todos modos, en una Cataluña con el gobierno pendiente del proceso independentista y una España con el suyo predispuesto a entorpecer todo con la excusa del recurso al Tribunal Constitucional, ni siquiera esta Renta Garantizada de Ciudadanía recortada tiene el futuro asegurado.
