Si algún día Andorra quiere ser, realmente, un país europeo, tiene que aceptar los códigos de buena conducta política que han incorporado los sistemas democráticos modernos y que exigen, por ejemplo, una trayectoria profesional transparente a las personas que ocupan cargos públicos. En el caso de la consejera general (diputada) Meritxell Mateu y del ministro Jordi Alcobé, que dimitieron el pasado año después de que EL TRIANGLE destapara que habían simultaneado sus cargos con el cobro de honorarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) pareció que el partido gobernante, Demócratas por Andorra (DA), del jefe de gobierno Toni Martí, así lo había entendido y asumido.
Por eso resulta del todo incomprensible la defensa numantina que hace Toni Martí de su ministro de Finanzas y portavoz del gobierno, Jordi Cinca, involucrado en un sucio asunto de tráfico de diamantes de Liberia durante la larga guerra civil que martirizó este país africano a finales del siglo XX. Este caso salió a la luz el pasado año, a raíz de la difusión mediática de los papeles de Panamá, donde el nombre del ministro salía vinculado a la sociedad offshore Mariette Holdings Inc. Las investigaciones periodísticas conectaron esta sociedad panameña con el grupo Orfund, del cual Jordi Cinca fue accionista y director financiero entre 1996 y 2002.
A raíz del escándalo de los papeles de Panamá reapareció en escena Joan Samarra, el antiguo presidente de Orfund, que aprovechó la ocasión para presentar dos querellas criminales contra Jordi Cinca, acusándolo (¡después de 14 años!) de haber descapitalizado la empresa y de haberle provocado la ruina personal. El ministro sospecha –y tal vez no le falta la razón– que las querellas de Joan Samarra y todo el follón mediático que han provocado han sido inducidos por los hermanos Cierco, accionistas mayoritarios de la BPA, como vendetta por su implacable determinación en la nacionalización del banco después de la advertencia de las autoridades norteamericanas.
En todo caso, Jordi Cinca tiene que probar estas sospechas y todavía no lo ha hecho. Esta pasada semana, la magistrada andorrana Concepción Baron ha admitido a trámite la querella presentada por Joan Samarra y el ministro de Finanzas tendrá que declarar en los próximos días como imputado ante el Tribunal de Cortes. Jordi Cinca está seguro de que la denuncia será archivada y, a su vez, ha presentado sendas querellas contra Joan Samarra y contra los periodistas catalanes Xavier Salvador y Carlos Quílez, del diario digital Crónica Global, por la publicación del libro Diamantes sucios.
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