El Fiscal General del Estado ha pedido que el ex consejero y ex portavoz del Gobierno de la Generalitat Francesc Homs sea inhabilitado durante 9 años por la responsabilidad que le atribuye en la celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.
Según su escrito, Homs no suspendió ninguna de las actuaciones dirigidas a la celebración de aquella votación que dependían del Departamento de la Presidencia, que entonces encabezaba.
La Fiscalía solicita que se abra juicio oral contra él por un delito de desobediencia grave: considera que no detuvo los preparativos del 9N a pesar de la suspensión decidida por el Tribunal Constitucional.
Asimismo, pide que declaren como testigos los responsables de empresas públicas y de organismos privados relacionados con la organización del 9N, entre los que figuran T-Systems, Focus, Media Planning, Fira de Barcelona y el CTTI, así como cargos de Presidencia y del IDESCAT.
Por su condición de aforado, como diputado en el Congreso, Homs será juzgado en el Tribunal Supremo y no en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, como el ex presidente Artur Mas, que puede ser inhabilitado por 10 años, y la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera Irene Rigau, que se enfrentan a sendas posibles inhabilitaciones de 9 años.
