La CUP ha hecho público un informe en el cual se explica que el Patronato de Turismo Costa Brava Girona incurrió en hasta 12 irregularidades, referentes a la contratación, las aportaciones, y las oficinas que utiliza la entidad, que dependen de la Diputación de Girona.
Este informe financiero del ejercicio de 2014 dice que el Patronato tenía que haber licitado servicios que superan los límites de lo que se considera una contratación menor. El texto también explica que la entidad asumió parte de gastos que correspondían a los socios privados del organismo.
La CUP dice que es urgente una reformulación total de la gestión del Patronato, pero también de otro ente de la Diputación de Girona, el Consorcio de la Costa Brava, del que la misma CUP presentó otro informe en el cual se denunciaba hasta 24 irregularidades.
El presidente del Patronato de Turismo Costa Brava Girona, Ramon Ramos, afirma que la misma entidad pidió una auditoría y que ya se han solucionado la mayoría de los «errores» detectados. Entre estos «errores» destacan algunos servicios contratados por el Patronato como la impresión de catálogos y mapas, o los servicios de traducciones, que superan los límites de la contratación menor, y que, por lo tanto, los tendría que haber adjudicado a través de concurso público.
Uno de los otros «errores» detectados son algunos contratos que se aprobaron después de la ejecución de los servicios, como es el caso de la factura de 12.221 euros que pagó el Patronato por la maqueta del nuevo Bulli, o el patrocinio de 181.000 euros que hizo el Patronato, para el Open de España masculino profesional de golf.
El nombre del presidente del Patronato, Ramon Ramos, salió vinculado al caso Manga cuando el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVD), una unidad policial antiblanqueo adscrita a la Agencia Tributaria, pidió a la jueza Pilar de Lara, instructora del caso que imputara al entonces consejero de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig.
La policía consideraba que Puig supuestamente habría actuado como «conseguidor» con la intención de que la empresa GRS Arco Local obtuviera un contrato público del Ayuntamiento de Moià, cuando estaba gobernado por el convergente Josep Montràs. En este grupo de «conseguidores», además del nombre de Felip Puig también aparecieron los nombres de Ramon Ramos y Jaume Torramadé.
