La fiscalía de Andorra ha pedido penas de prisión de 5 a 8 años y multas que suman hasta 900 millones de euros para los 24 procesados por el caso BPA (Banca Privada de Andorra). Según el Altaveu, estas peticiones del fiscal general andorrano, Alfons Alberca, han provocado que diferentes fuentes aseguren que están fuera de lugar y que se está llevando la situación a un extremo peligroso
Se da la circunstancia que por una sola compensación, que las defensas mantienen que no era punible y que era una práctica habitual de toda la banca andorrana, el fiscal pide cinco años de prisión para más de uno de los gestores procesados.
También se da el caso que la petición más alta es la que se dirige contra el ex consejero delegado de la BPA, Joan Pau Miquel, para quien la fiscalía pide ocho años de prisión y cien millones de euros de multa. Y se pide que se inhabiliten todos los procesados y para los que no son andorranos, en total trece, solicita veinte años de expulsión.
Para dos de los procesados, el fiscal pide ocho años de prisión, con la diferencia que para uno se solicita cien millones de euros de multa y para el otro setenta. Después hay un segundo grupo de cuatro responsables de la entidad para quien se solicita siete años de prisión. Para dieciséis gestores más se pide seis años de prisión y, finalmente, para siete más el fiscal pide una pena de cinco años.
En cuanto a las multas, además de la citada de cien millones de euros, hay once propuestas de setenta millones, tres de seis, una de tres millones y ocho de uno. Entre los procesados para quienes se pide su encarcelamiento hay actuales empleados de BPA tutelada por el AREB, personas que hace tiempos que están jubiladas y algún profesional que acabó su vida laboral, antes de ser prejubilat para evitar ‘males mayores’, a Andbank.
