La CUP-Capgirem Barcelona ha reaccionado a un desalojo en el que han participado los Mossos d’Esquadra en Barcelona publicando en Twitter un mensaje de reproche contra el Gobierno de la Generalitat.
«¡Vergüenza! ¿Desconexión? De momento, la única que ha ejecutado el Gobierno es la desconexión de vecinos y vecinas«, han difundido los cupaires barceloneses haciéndose eco de un mensaje de la PAH que denunciaba «violencia de los Mossos», así como «violación de los derechos humanos».
La PAH quería una solución para evitar el desalojo sin alternativa habitacional de Hiba y sus hijos. Varios activistas han ocupado el Centro de Servicios Sociales de la calle Numancia de Barcelona para protestar. «No nos marchamos sin una vivienda digna», han asegurado.
Además de interpelar al Gobierno de la Generalitat, la PAH también ha exigido al Ayuntamiento de Barcelona una vivienda digna para esta familia, cuyo caso se ha difundido en Twitter con la etiqueta #SoluciónParaHiba. La alcaldesa Ada Colau se ha comprometido a realojar a Hiba y sus hijos este mismo miércoles.
VERGONYA !! desconnexió? d moment la única q ha executat el @govern és la desconnexió d veïns i veïnes. #Solidaritat https://t.co/NB5AzzL3AV
— CUP Capgirem BCN ♀ (@CUPBarcelona) 14 de septiembre de 2016
La respuesta de los Mossos a Colau
Colau ha exigido al Gobierno «que los Mossos no vuelvan a desahuciar nunca más una familia con niños» y los Mossos han reaccionado en Twitter diciendo que no han ejecutado el desalojo. «Hemos actuado a instancias de la autoridad judicial para dar protección a los funcionarios judiciales encargados de ejecutar el desahucio», precisaron. «Lamentamos que nos coloque en el punto de mira de una problemática que debería ser afrontada desde ámbitos políticos y sociales», han replicado a la alcaldesa de Barcelona.
Por su parte, el consejero de Justicia, Carles Mundó, ha apoyado a los Mossos: «Es injusto cuestionar el buen trabajo de los Mossos por algo que deciden los jueces. No todo vale». La CUP de Barcelona, sin embargo, ha expresado que «Proteger a funcionarios no equivale a reprimir activistas. Si no se puede entrar, se levanta acta y para casa».
