El ministro de Asuntos Exteriores de Andorra, Gilbert Saboya, ha negado, en declaraciones a la Agencia de Noticias Andorrana (ANA), que el gobierno andorrano haya recibido presiones de ningún tipo por parte del gobierno español, en relación con las amenazas denunciadas por uno de los principales accionistas de la Banca Privada de Andorra (BPA), Higini Cierco. Saboya ha asegurado que «no ha habido ninguna presión» por parte del gobierno español y que, en el supuesto de que hubiera sido así, habría sido por el hecho que la persona que recibió estas amenazas no cumpliera con su «obligación» de denunciarlo a las autoridades competentes.
Gilbert Saboya ha afirmado que el gobierno no fue informado nunca de las presuntas presiones que ha denunciado Higini Cierco y que, en todo caso, se enteraron cuando «el banco ya estaba intervenido, el consejo de administración suspendido y el consejero delegado encarcelado«. El ministro ha remarcado la «confianza» y el «absoluto respeto» que hay entre los dos estados, y ha afirmado que la información sobre el caso Pujol «siempre se ha enmarcado en los convenios bilaterales y multilaterales» existentes, que se han producido a través de comisiones rogatorias u otras fórmulas. «Nunca se ha ido más allá de estos canales», ha asegurado Saboya.
Finalmente, y utilizando las mismas palabras que usó el abogado del gobierno andorrano, Manel Pujades, el ministro Saboya ha insistido que la causa principal abierta en el marco del asunto BPA es «por blanqueo de capitales» y que esta «nada tiene que ver» con el caso Pujol. El ministro ha comunicado que «se investigarán tanto estas supuestas amenazas, como la presunta revelación de datos bancarios«, puesto que, a partir de la declaración de Cierco, se derivan nuevos datos sobre la autoría de esta revelación. «Desde el ejecutivo confiamos que la justicia continúe investigando las once causas que hay abiertas en relación con este asunto», ha añadido el ministro.
