La corrupción llega en tranvía

La decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de unir el tranvía del Baix Llobregat (Trambaix) con el de Badalona (Trambesòs) por la Diagonal ha abierto la caja de los truenos. En primer lugar, porque esta propuesta fue rechazada en la consulta popular organizada en 2010 por el entonces alcalde Jordi Hereu, con un 80% de votos en contra. En segundo lugar, porque el modelo de construcción y de explotación del tranvía, pactado a finales del siglo XX por la sociovergencia rampante, es un escándalo monumental.

Paradojas de la historia. La primera consulta refrendaria («derecho a decidir») celebrada en Barcelona, al calor de las tendencias de la «nueva política», la organizó el PSC y, en concreto, el entonces primer teniente de alcalde, Carles Martí. La baja participación (12%), los errores telemáticos puntuales que se produjeron y la derrota de la opción que defendía el equipo de gobierno provocaron la dimisión de este valioso y desaprovechado político. El líder municipal de CiU, Xavier Trias -que años antes había defendido la conexión de los dos tranvías- lideró el voto en contra y esto lo catapultó a la histórica victoria en las elecciones del 2011. Una vez elegido alcalde, Xavier Trias hizo «su» reforma de la Diagonal, entre la plaza Francesc Macià y el paseo de Gràcia, sin respetar que la opción ganadora de la consulta fue la de no tocar la avenida.

La gran incógnita del proyecto que ahora promueve Ada Colau es el modelo de gestión que tendrá esta nueva línea de tranvía, de 3,9 kilómetros, que tiene que unir la plaza Francesc Macià (Trambaix) con la plaza de las Glorias (Trambesòs). Las dos ramas existentes actualmente se explotan con un sistema mixto público/privado que, en realidad, es una sangría para las arcas públicas y un chollo para las empresas que consiguieron la adjudicación de la concesión.

Construir y hacer funcionar un tranvía no es, en principio, algo especialmente caro ni complicado. Por eso no se entiende que la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) tenga que pagar cada año 45 millones de euros para subvencionar el «déficit» que, supuestamente, genera este servicio. Los billetes que pagan los 24,4 millones de usuarios anuales que tienen el Trambaix (16,3 millones) y el Trambesòs (8,1 millones) sólo cubren un 20% de su presupuesto de funcionamiento. En cambio, los 375 millones de usuarios del metro cubren el 55% de los gastos del coste del servicio y los 180 millones de usuarios del autobús, el 35%.

El porqué de esta diferencia tiene mucho que ver con la naturaleza jurídica de su explotación. Mientras el metro y el autobús son 100% de titularidad pública (TMB), el tranvía es en un 95% de propiedad privada (Globalvia-FCC-Bankia, Moventia, Alstom, Comsa-Emte y Acciona eran los principales accionistas fundacionales) y sólo el 5% público (TMB y Ferrocarriles de la Generalitat). El Trambaix es una concesión del año 2000, con una duración de 25 años, y el Trambesòs se adjudicó en 2002, con un periodo concesional de 27 años.

Es decir, con una inversión de 563,4 millones de euros -que, además, se embolsaron los principales accionistas (FCC, Acciona, Comsa-Emte y Alstom) en la construcción y equipamiento del tranvía- las dos empresas concesionarias cobrarán, durante el periodo de explotación, más de 1.000 millones de euros en concepto de subvención pública. Un negocio redondo y asqueroso.

Para completar el cuadro, el consejo de administración del Tram (entidad que reúne a las dos empresas) es un escándalo. Su presidente es Josep Maria Cullell, el ex consejero de Política Territorial y Obras Públicas que tuvo que dimitir por un affaire de corrupción en 1994. Cuatro de los accionistas fundacionales también están envueltos en casos de corrupción: FCC (caso Pujol, caso 3%, caso Acuamed…), Bankia (caso Rodrigo Rato, las tarjetas black…), Emte (caso Pujol y caso 3%) y Acciona (caso Acuamed).

¿Tranvía por la Diagonal? De entrada, Ada Colau lo tiene que someter a una consulta refrendaria a la ciudadanía de Barcelona, que en 2010 dijo no. Y si el proyecto tira adelante, la gestión y la explotación tiene que ser pública, sin concesiones. ¡Basta de tiburones corruptores que muerden los presupuestos públicos con impresentables tinglados empresariales! ¡Cuidado, Ada Colau, que juegas con fuego y te quemarás!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

HOY DESTACAMOS

Deja un comentario