Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente Jordi Pujol, cobró al menos 3,59 millones de euros de comisiones y pagos ilegales de la constructora Copisa que se habrían disimulado con servicios de asesoramiento inmobiliario, apunta el juez instructor de la Audiencia Nacional José de Mata y publica El Mundo.
Según el juez, la investigación ha hallado indicios a partir de los cuales se puede concluir que los servicios de intermediación aducidos por el Júnior no existieron, lo que confirmaría las imputaciones por blanqueo, delito contra Hacienda y falsedad documental de uno de los altos cargos de Copisa, grupo inmobiliario que ha admitido que pagaba entre un 1% y un 3% a Jordi Pujol Ferrusola en función de la rentabilidad de las operaciones con las que colaboraba. La falta de documentación sobre las gestiones y tareas del hijo mayor de los Pujol Ferrusola deja en una situación delicada a este responsable de Copisa, en relación al cual el juez aprecia «indicios de criminalidad».
Los importes pagados por Copisa destacan en el total recibido por el Júnior par parte de 17 contratistas de la Generalitat de Catalunya -8,5 millones- en el periodo 2004-2012.
Jordi Puig
Por otro lado, el exsocio y antiguo compañero de despacho del Júnior y hermano del consejero Felip Puig, Jordi Puig Godes, está imputado por un presunto delito de estafa continuada. El Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona ha aceptado la querella de la sociedad Lakay, según la cual Jordi Puig colaboró con ella en un negocio relacionado con la iluminación LED y le garantizó una buena relación con las instituciones y las altas esferas, gracias al apoyo de su hermano y de Jordi Pujol Ferrusola.
Lakay explica en su querella que entregó pagarés a una sociedad que Puig administraba que no se tenían que cobrar hasta que no se lograran los objetivos, pero pasados unos meses los resultados a corto plazo, supuestamente prometidos por Jordi Puig, no llegaban y empezaron a sospechar.
Según Lakay, Puig reconoció la deuda ante notario y se comprometió a devolver el dinero con intereses: constituyó un derecho de prenda vinculado a una mercantil que, según las indagaciones de Lakay, no mostraba actividad ni había presentado cuentas desde 2005, por lo que presentaron una querella reclamando 120.000 euros a Jordi Puig por el importe supuestamente estafado y los intereses.
