Joan Laporta y su última junta directiva al frente del FC Barcelona empiezan a desfilar este lunes por la Ciudad de la Justicia, donde se tendrá que decidir si deben asumir 47,6 millones de euros de pérdidas del club.
Declararán como imputados 17 antiguos directivos, entre ellos Xavier Sala i Martín, Magda Oranich, Alfons Godall, Jaume Ferrer, Rafael Yuste y Albert Perrin. En calidad de testigos comparecerán el anterior presidente del Barça, Sandro Rosell, el actual, Josep M. Bartomeu, el ex vicepresidente Ferran Soriano, Jordi Moix, Javier Faus y Evarist Murtra, entre otros.
La acción de responsabilidad
La discrepancia que centra el juicio se origina en 2010, cuando Sandro Rosell, enemistado con Laporta, no acepta los números reportados por la anterior directiva: un cierre con 11,1 millones de beneficio que, según la auditoría de la junta entrante, escondía 79, 6 millones de pérdidas (en total, 47,6 millones de pérdidas durante los años de Laporta como presidente).
La judicialización de este asunto del club azulgrana se decidió en una ajustada votación de la asamblea de compromisarios que, en octubre de 2010, impulsó la acción de responsabilidad en relación a la gestión económica de la anterior directiva. Esta decisión, rechazada por Laporta y sus directivos, suponía que deberían pagar mancomunadamente. Es decir: asumir 2,86 millones cada uno.
Justos por pecadores
Entre las controversias del caso está la elección de los presuntos culpables de gestión de la era Laporta. Muchos de los señalados se incorporaron al final de la etapa que se juzga y no tuvieron culpa alguna; en cambio, una quincena de directivos de peso durante la presidencia de Laporta -incluido el mismo Rosell- no quedan salpicados. La Ley del Deporte prevé en estos casos que sólo se impute los directivos que terminaron el mandato, pero buena parte de la gestión que explicaría las pérdidas aducidas -devaluació de la plantilla, adquisición de terrenos en Viladecans, conflicto con Mediapro… – lleva la firma de gestores anteriores.
Una posterior maniobra para evitar que pagaran justos por pecadores planteó exonerar a todos del pago de los 2,86 millones a cambio de la asunción de la responsabilidad y el pago simbólico de un euro, pero no sirvió para que los imputados dieran su brazo a torcer. Todo se decidirá en los tribunales.
