Se calcula que, desde el estallido de la crisis en 2008, unas 400.000 familias han perdido su piso o casa porque no pudieron hacer frente al pago de la hipoteca. En los primeros nuevo meses de 2013 -últimos datos disponibles- se habían iniciado en los juzgados 58.604 procedimientos de desahucio y se habían producido un total de 49.984 ejecuciones.
Para hacer frente a este drama, en 2009 se creó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Los méritos de esta entidad son admirados y reconocidos por todos. Pero a pesar de la generosa dedicación y el enorme esfuerzo solidario de sus militantes, los seguidores de Ada Colau «sólo» han podido parar 929 desahucios, una cifra importante pero pequeña en relación con la magnitud del desastre social.
El gobierno se queda mirando
Y las perspectivas por este 2014 no son nada halagüeñas. En la presentación, el pasado mes de diciembre, de un informe sobre la precaria situación del derecho a la vivienda en el Estado español, Ada Colau alertó de que en los próximos meses podemos asistir a una nueva oleada de ejecuciones y desahucios masivos. La razón es que están venciendo los pactos de refinanciación que habían hecho en años anteriores las entidades bancarias con quienes tienen dificultades para pagar la hipoteca y que, a partir de ahora tendrán que hacer frente en su integridad. Toda vez que el mercado laboral continúa parado y que la economía española no da señales de mejora es previsible que la morosidad hipotecaria se vuelva a disparar y, en consecuencia, tambien lo hagan los procedimientos judiciales de ejecución y desahucio.
El gobierno de Mariano Rajoy asiste, impasible, a este drama anunciado. El PP admitió, finalmente, a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el Observatorio DESC y la PAH, pero rechazó la fórmula de la dación en pago que se pedía para no perjudicar a los intereses de la banca. Por el contrario, el Congreso de los Diputados validó al 2013 una modificación de la Ley de alquileres que facilita y agiliza los desahucios de quienes no pueden pagar.
La solución final
Estamos en vísperas, pues, de una «explosión» social porque la gente se está quedando y se quedará sin un techo donde vivir. Una consecuencia extrema y contundente de esta situación es la de las personas que se suicidan al ser expulsadas de su hogar. El año pasado se contabilizaron catorce muertos por este motivo, cuando en 2012 fueron ocho. Entre los casos más sangrantes figuran el de Amparo, una mujer de Madrid, madre de seis hijos, que se suicidó el pasado 17 de septiembre cuando recibió la notificación de desahucio de la Empresa Municipal de Vivienda Social o el del matrimonio de abuelos jubilados de Calvià (Mallorca), que se quitaron la vida el pasado 12 de febrero antes de que los desahuciaran.
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