Desde hace años, el partido republicano persigue con ahínco la anulación del consejo de guerra sumarísimo que llevó a Companys ante el pelotón de fusilamiento y la plena rehabilitación de su figura histórica. No en vano, es el único presidente europeo elegido democráticamente que ha sido condenado y sentenciado a muerte por un régimen dictatorial.
El pasado 15 de octubre, en el 73 aniversario de su ejecución, el diputado de ERC Joan Tardà viajó a Buenos Aires para presentar una denuncia ante el Juzgado Nacional Criminal y Correccional n. 1 por el asesinato de Lluís Companys y, también, de 45 alcaldes de su partido y de los diputados Josep Sunyol y Josep Fàbrega a manos de las tropas franquistas. Este juzgado es el que instruye la causa instada por víctimas y familiares de represaliados por la dictadura y que, de momento, ya ha conseguido la imputación de cuatro ex funcionarios policiales del régimen franquista (ver despiece).
FRANCIA Y ALEMANIA
El abogado Carlos Sivo, que representa a ERC en este proceso, ha calificado los hechos que condujeron al asesinato de Lluís Companys, de los 45 alcaldes y de los dos diputados republicanos de «crímenes contra la humanidad» y, más concretamente, de «privación de libertad, tormento y homicidio calificado». En su denuncia, se interesa por encausar a todos aquellos que participaron en el proceso que culminó con el fusilamiento de Lluís Companys. Ello implica que se remitirán las diligencias a Francia y a Alemania, toda vez que el ex presidente de la Generalitat fue detenido en la zona de la Bretaña, donde estaba como refugiado político, por miembros de la Gestapo nazi y, posteriormente, extraditado a España.
Desde el restablecimiento de la democracia, ERC ha intentado en trece ocasiones, a través de diversas iniciativas legislativas, que se anulara el consejo de guerra contra Companys. En 2004, tras la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa, pareció que estaba a punto de conseguir su propósito. Así lo manifiesto públicamente la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que participó en el emotivo acto de conmemoración del fusilamiento en el castillo de Montjuïc.
APOYO DEL CONGRESO ARGENTINO
Sin embargo, la Ley de Memoria Histórica (2007) que debía ser el instrumento para la plena rehabilitación del ex presidente de la Generalitat, se quedó a medias tintas. Consideró ilegal el consejo de guerra que le condenó a muerte pero no anuló la sentencia.
Por ello, la dirección de Esquerra Republicana decidió continuar la batalla y vio en el proceso que instruye la magistrada argentina María Servini de Cubría una nueva vía para conseguir el objetivo que persigue con tanto ahínco. La investigación que se desarrolla en Buenos Aires abarca desde el golpe de Estado del general Franco, el 18 de julio de 1936, hasta las primeras elecciones celebradas el 15 de junio de 1977. La causa se abrió a raíz de una denuncia presentada el 14 de abril de 2010 (en el aniversario de la proclamación de la II República española) por el premio Nobel de la Paz Adolfo Esquivel, entre otros, y, tras varios recursos y dilaciones, desde hace unos meses ha emprendido velocidad de crucero.
Además, el proceso contra el genocidio franquista cuenta con importantes avales políticos e institucionales en Argentina. En favor de su activación, hasta las últimas consecuencias jurídicas, se han pronunciado el Congreso Nacional y el Parlamento regional de Buenos Aires. También se ha constituido la Plataforma argentina en apoyo a la querella contra los crímenes del franquismo, integrada por asociaciones en defensa de los derechos humanos y destacados intelectuales, a la vez que, al otro lado del Atlántico, más de cien organizaciones han creado la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina.
OBSTÁCULOS EN ESPAÑA
El diputado Joan Tardà puede estar satisfecho. Hace unos días, la magistrada Servini aceptaba a trámite la denuncia presentada por ERC. Pero la tarea será ardua, ante la férrea oposición que muestran las autoridades políticas y judiciales españolas a remover los crímenes de la dictadura. Una videoconferencia prevista para interrogar a varias víctimas del franquismo fue desactivada a última hora ante la presión diplomática del Gobierno del PP y la magistrada instructora también se vio obligada a suspender un viaje de investigación a España.
El próximo 20-N, en el aniversario de la muerte de Francisco Franco, la magistrada María Servini de Cubría recibirá en Buenos Aires a una delegación de familiares y víctimas de la dictadura española. Asimismo, se está a la espera de que, finalmente, pueda viajar a España para acelerar la tramitación del proceso judicial.
