Antes de que se ponga el primer ladrillo de BCN World, los alcaldes de Salou y Vila-seca ya se están peleando por los impuestos municipales del centro recreativo turístico (CRT), que acoge el parque de atracciones Port Aventuray que, en un futuro, se podría llenar de casinos y hoteles.
Los municipios de Salou y Vila-seca hace 24 años que están segregados, pero continúan como gato y perro, enfrentados, sobre todo por el reparto de los tributos de las empresas instaladas en la área del centro recreativo turístico (CRT), especialmente por los cerca de dos millones de euros que paga cada año el parque de atracciones Port Aventura, que previsiblemente se multiplicarán si en esta misma área se acaba levantando la empori de casinos y de hoteles BCN World.
En el último pleno municipal, el alcalde de Salou, Pere Granados, anunció que el conflicto con Vila-seca por el reparto de los impuestos se resolverá en los tribunales de justicia, a pesar de que continúan las negociaciones entre los tres miembros del consorcio del centro recreativo turístico, integrado por los dos ayuntamientos y por la Generalitat de Catalunya, que actúa como árbitro.
Con estas declaraciones, Pere Granados dinamita el consoci del CRT antes de que se coloque la primera piedra del BCN World. En los últimos meses, las presiones locales y las tensiones políticas han ido en aumento entre los tres vértices de este consorcio, que tiene como jefes visibles al alcalde de Salou, que es un independiente que encabeza la lista de CiU; el alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, que también preside la Diputación de Tarragona; y el delegado de la Generalitat en esta demarcación, Josep Maria Cruset, que preside la federación de Convergència (CDC) en el Camp de Tarragona. Curiosamente, los tres coincidían en el equipo de gobierno de la Diputación hasta que Nin fue designado delegado gubernativo.
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