Las últimas reformas laborales, impulsadas primero por el PSOE y después por el PP, suponen, hasta el momento, un fracaso. Las comunidades han demostrado que la tendencia de reducción de paro de los últimos cuatro meses depende de su tejido productivo y de la demanda de trabajo, y no de la flexibilización en la contratación ni el abaratamiento del despido.
En Barcelona, según datos del INE del año pasado, hay casi 213.000 funcionarios y 2,2 millones de ocupados. Es decir, con una ratio de 25 habitantes por funcionario y un porcentaje del 3% de trabajadores públicos, la cifra de ocupados que depende de las administraciones es del 9%.
Madrid tiene 427.774 funcionarios y 2.795.000 personas con trabajo. El porcentaje de población con sueldo público es del 6%, 15 habitantes por funcionario y un número de ocupados que depende de la administración del 15%. Mientras en Barcelona sólo un 9% de sus habitantes es funcionario, hay provincias como la extremeña que elevan la media estatal hasta el 25%. En España, una de cada diecisiete personas con la edad para trabajar lo hace para la administración.
El paro registrado en Cataluña el último año, a pesar de hacer cuatro meses que baja, ha crecido en 1.712 personas (un 0,28% más, en relación al mismo periodo del año pasado). En España, la media de crecimiento de parados en estos meses ha sido del 3,22% (148.411 personas), y Madrid supera este porcentaje con un incremento registrado del paro del 4,72% en el mismo periodo.
Cada comunidad trabaja diferente en función de su tejido productivo para generar trabajo, y Catalunya casi ha dejado de destruir ocupación, a pesar de que Madrid reúne buena parte de los funcionarios del Estado, y que las reformas laborales que salen de Moncloa son para todo el territorio español.
