La delegada instructora de la causa que el Tribunal de Cuentas abrió sobre la acción exterior de la Generalitat para promocionar el ‘procés’ independentista, Esperanza García, todavía no ha recibido el informe que reclamó a la Abogacía del Estado sobre la legalidad de los avales que presentó el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para hacer frente a los 5,4 millones de euros que reclama el tribunal.
Según ha publicado La Vanguardia, los servicios jurídicos del Estado no han entregado el informe y García está a la espera de recibirlo para proceder al embargo de los bienes de los 34 ex-altos cargos de la Generalitat, entre los que se encuentran los ex-presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont; el líder de ERC, Oriol Junqueras; y los ex-consejeros Francesc Homs, Andreu Mas-Colell y Raül Romeva.
De los 34 acusados, 31 recurrieron al aval del ICF, que está pendiente de ser admitido por la instructora de la causa, la cual, ante las dudas sobre su idoneidad, pidió un informe al abogado del Estado, Rafael García Monteys. El letrado, sin embargo, pasó la consulta a la Abogada General, Consuelo Castro, que es quien finalmente debe pronunciarse sobre la legalidad del aval.
