Informes para preparar la ruptura con Espa\u00f1a, adjudicaci\u00f3n de estos informes a dedo y fraccion\u00e1ndolos para no tener que convocar concurso y conceder ayudas y subvenciones sin concurrencia p\u00fablica y sin justificaci\u00f3n alguna eran, al parecer, moneda corriente en el Diplocat, el \u201ctemplo\u201d de la diplomacia catalana. Por ello, Fiscal\u00eda ha denunciado ante los tribunales a un pu\u00f1ado de altos cargos de la Generalitat.<\/p>\n
Ese proceder lo mantuvo la conselleria de Exteriores desde el a\u00f1o 2011 hasta el 2017, las fechas fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. Las actuaciones de esta \u00e1rea del Govern est\u00e1n bajo sospecha porque, adem\u00e1s de no tener constancia de c\u00f3mo se gastaron cientos de miles de euros, se sospecha que muchos de los fondos gastados tanto por la estructura de la conselleria como por organismos a su cargo, como el Diplocat o las \u2018embajadas\u2019 catalanas, se utilizaron en el impulso del proc\u00e9s y en fomentar el refer\u00e9ndum de independencia de octubre de 2017. <\/p>\n
Abultada multa para Albert Royo<\/strong><\/p>\n El Tribunal de Cuentas le pide a Alberto Royo<\/strong>, ex-secretario general del Diplocat, 4,5 millones de euros de esa \u00e9poca para responder del dinero que se pueda haber desviado a actos en favor del refer\u00e9ndum o del proc\u00e9s.<\/p>\n La informaci\u00f3n para esa denuncia parte de un completo informe del Tribunal de Cuentas, de 758 p\u00e1ginas, que estudia detalladamente todo el gasto de la Generalitat en exteriores durante la etapa indicada. Y desgrana las actuaciones de cada uno de los departamentos implicados. La fiscal\u00eda recopil\u00f3, de momento, algunas de las actuaciones bajo sospecha, todas ellas relacionadas de alguna manera u otra con el Diplocat, el organismo que despliega las relaciones externas del Govern.<\/p>\n El Tribunal de Cuentas explica que el Diplocat \u201cha sido empleado en la labor de abrir v\u00edas de contacto con representantes de distintos Parlamentos, tanto europeos como americanos. Estas relaciones, bajo el formato de comparecencias y reuniones institucionales, han tenido como finalidad explicar y actualizar puntualmente la informaci\u00f3n acontecida con motivo del desarrollo del proceso soberanista. Se han realizado un total de 25 comparecencias o reuniones que han ascendido a un importe de 112.237,04 euros\u201d. <\/p>\n En 2014, siete misiones internacionales de observaci\u00f3n electoral costaron 133.582,66 euros. Otras 23 actividades de invitaci\u00f3n de l\u00edderes de opini\u00f3n y personalidades extranjeras para vender la independencia se llevaron 460.986 euros. Paralelamente, el Programa de Visitantes Internacionales (PVI) tuvo unos fondos de 82.027,66 euros. El programa de invitaci\u00f3n de observadores extranjeros para el 1 de octubre del 2017 cost\u00f3 206.371,49 euros, contabilizado bajo el nombre gen\u00e9rico de \u201cAn\u00e1lisis del contexto pol\u00edtico de Catalu\u00f1a\u201d.<\/p>\n En elaborar documentos y argumentarios, el Diplocat se gast\u00f3 308.530,29 euros. Y los contactos con medios internacionales costaron al erario 86.088,79 euros. El mantenimiento de la p\u00e1gina web Catalonia Votes cost\u00f3, por otro lado, 451.171,11 euros.<\/p>\n El contrato de International Diplomat<\/strong><\/p>\n La contrataci\u00f3n de la entidad International Diplomat par buscar aliados internacionales fue sufragada, en parte por la delegaci\u00f3n de la Generalitat en Washington, pero el Diplocat firm\u00f3 luego un convenio por el que pag\u00f3 entre 2013 y 2015 un total de 1.392.300 euros. Los informes elaborados por esta empresa contin\u00faan siendo secretos a d\u00eda de hoy.<\/p>\n La denuncia de Fiscal\u00eda, sin embargo, recoge s\u00f3lo una parte de esos gastos. En base al escrito de acusaci\u00f3n, la magistrada Carmen Garc\u00eda<\/strong>, titular del juzgado de instrucci\u00f3n n\u00famero 18 de Barcelona, decidi\u00f3 imputar a 10 altos cargos del Govern. Se trata de Ra\u00fcl Romeva, Roger Albinyana, Roser Clavell,<\/strong> Albert Royo, Gerard Figueras, V\u00edctor Cullell, Aleix Villatoro, Teresa Prohias, Manuel Vila y Antoni Reig<\/strong>. Pero los implicados en el asunto son m\u00e1s: deber\u00e1n comparecer en el juzgado como testigos figuras de la talla de Salvador Card\u00fas, M\u00f2nica Sabata, Jacint Jordana, o Alfonso Gonz\u00e1lez<\/strong>, as\u00ed como algunos empresarios que organizaron o participaron en el montaje de la infraestructura de actos en favor del refer\u00e9ndum. <\/p>\n Se trata, pues, de lo que ser\u00eda parte de la brigada acad\u00e9mica del proc\u00e9s, cuyos informes deb\u00edan servir para forjar intelectualmente la independencia y hacer de gu\u00eda en la construcci\u00f3n de las estructuras de estado necesarias para echar a andar fuera de Espa\u00f1a.<\/p>\n M\u00f2nica Sabata tambi\u00e9n declarar\u00e1<\/strong><\/p>\n M\u00f2nica Sabata ir\u00e1 al juzgado como presidenta de la Federaci\u00f3 d\u2019Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR), un organismo que agrupa a un centenar de entidades y que recibi\u00f3 al menos 565.000 euros en subvenciones que, supuestamente, est\u00e1n poco justificadas. Seg\u00fan el relato judicial, en febrero del 2012, FOCIR recibi\u00f3 una subvenci\u00f3n directa de 50.000 euros \u201csin concretar el destino, ni realizar un seguimiento dado a la subvenci\u00f3n, que no fue publicitada\u201d. Adem\u00e1s, seg\u00fan el auto de la jueza, contraven\u00eda los estatutos del Diplocat sobre concesi\u00f3n de ayudas. La art\u00edfice de esa ayuda fue Roser Clavell, entonces secretaria general del Diplocat. Al a\u00f1o siguiente, la plataforma obtuvo 20.000 euros en ayudas, otorgados por Roger Albinyana, en su calidad de secretario general de Exteriores.<\/p>\n Entre 2014 y 2016, el secretario general de Diplocat, Albert Royo, otorg\u00f3 respectivamente 100.000, 125.000 y 125.000 euros \u201cdesignando directamente a la FOCIR como entidad colaboradora en la selecci\u00f3n de sus destinatarios, al margen de cualquier procedimiento de concurrencia p\u00fablica, al margen de la normativa estatutaria y contraviniendo la Ley de Finanzas de la Generalitat en materia de concesi\u00f3n y control de subvenciones\u201d. La misi\u00f3n de FOCIR era elaborar las bases por las que se obten\u00edan las ayudas del Diplocat, estableciendo cu\u00e1les eran los gastos justificables y cu\u00e1les no, a pesar de que la propia FOCIR o las entidades que participan en ella ten\u00edan ayudas directas del Diplocat, por lo que podr\u00eda interpretarse que hab\u00eda conflicto de competencias. <\/p>\n El auto destaca que lo que hizo FOCIR fue incluir en las bases de las ayudas gastos que no eran subvencionables \u201cy los criterios de valoraci\u00f3n para otorgamiento de ayudas no eran objetivos, pues prim\u00f3 la pertenencia a FOCIR para ser beneficiario de tales ayudas\u201d. En el a\u00f1o 2017, fue el propio Ra\u00fcl Romeva y su secretario general, Aleix Villatoro, el que conced\u00eda otros 40.000 euros a FOCIR \u201csin justificar las razones de la no concurrencia\u201d. Pero, adem\u00e1s, en 2017 la Generalitat suscribi\u00f3 un convenio especial con FOCIR otorg\u00e1ndole una subvenci\u00f3n directa de 165.000 euros, de los que el Diplocat puso 125.000 euros, otros 20.000 euros proven\u00edan de la Agencia Catalana de Cooperaci\u00f3n al Desarrollo (ACCD), dirigido por Manuel Vila, y 20.000 euros m\u00e1s, del Consell Catal\u00e0 d\u2019Esports (CCE), presidido por Gerard Figueras Estas aportaciones, al parecer, \u201cest\u00e1n fuera de los fines de dichas entidades\u201d.<\/p>\n Especialmente sospechoso fue un estudio encargado por Albert Royo al Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI), presidido por el catedr\u00e1tico Jacint Jordana, de la UPF. El encargo era un estudio acad\u00e9mico sobre el estatus que podr\u00eda tener en la UE una regi\u00f3n que se independizara de un Estado miembro. La Administraci\u00f3n catalana acab\u00f3 pagando 196.920 euros por ese estudio, otorgado \u201csin promover la concurrencia p\u00fablica\u201d.<\/p>\n Otro estudio similar, aunque menos costoso, fue realizado por el soci\u00f3logo Salvador Card\u00fas en 2015. En este caso, el encargo parti\u00f3 de V\u00edctor Cullell, director general de An\u00e1lisis y Prospectiva de la conselleria de Presid\u00e8ncia, y de Teresa Prohias, directora de servicios de este departamento. El estudio del soci\u00f3logo era sobre \u201clos distintos instrumentos de cooperaci\u00f3n internacional entre Espa\u00f1a y Catalu\u00f1a, en el supuesto de que esta \u00faltima alcanzara la independencia\u201d. Por este informe, la Generalitat pag\u00f3 13.636 euros m\u00e1s del IVA y la jueza advierte en su auto que \u201cexced\u00eda el marco competencial de la Generalitat e indiciariamente estaba encaminado a la elaboraci\u00f3n de las estructuras de un hipot\u00e9tico estado independiente\u201d.<\/p>\n Tambi\u00e9n en 2015 Albinyana y Prohias necesitaron informes sobre la pol\u00edtica europea de Defensa, que posiblemente iba encaminado a la creaci\u00f3n de las \u201cestructuras de estado\u201d que los independentistas trataban de crear para tener listas en el momento de la ruptura con Espa\u00f1a. Este estudio \u201cse encarg\u00f3 a una empresa belga de la que se desconocen datos, no constando documentaci\u00f3n de la misma ni del trabajo original realizado. Fue contratada a trav\u00e9s de la intermediaci\u00f3n del se\u00f1or Salvador Card\u00fas. Se abonaron 5.000 euros\u201d.<\/p>\n Informes sobrevalorados<\/strong><\/p>\n De la misma forma, Albinyana, Royo y Prohias encargaron ese a\u00f1o dos \u201cinformes doctrinales sobre tratados multilaterales de los que forma parte Espa\u00f1a y sobre los procedimientos que debe seguir un nuevo Estado para poder entrar en organizaciones internacionales (ejemplos, Estonia, Letonia, Eslovaquia, Eslovenia, Kosovo y Montenegro)\u201d. Los informes se encargaron al profesor Alfonso Gonz\u00e1lez Buend\u00eda, de la URV. Pero como superaban los 18.000 euros (a partir de esa cantidad es obligatorio convocar concurso p\u00fablico), el trabajo se fragment\u00f3 en dos contratos de 17.500 euros cada uno (a los que hay que sumar el IVA). Esta partici\u00f3n, seg\u00fan la magistrada, \u201cse hizo a los efectos de eludir la concurrencia p\u00fablica, y conocedores de que la tem\u00e1tica era ajena al marco competencial de la acci\u00f3n exterior de la Generalitat\u201d. No se queda ah\u00ed la jueza, sino que a\u00f1ade que los informes \u201cfueron sobrevalorados, puesto que no conten\u00edan las preceptivas conclusiones, propuestas y bases de datos exigidas al tiempo de la contrataci\u00f3n\u201d.<\/p>\n El informe del Tribunal de Cuentas va m\u00e1s all\u00e1 en este apartado y relata que se pagaron dos facturas de 21.170 y 21.175 euros respectivamente. \u201cEl fraccionamiento evit\u00f3 que se tuviera que pedir la preceptiva autorizaci\u00f3n del Gobierno exigible en informes de m\u00e1s de 30.000 euros. Adem\u00e1s, en el caso del contrato de Diplocat, no se realiz\u00f3 valoraci\u00f3n del informe para comprobar si proced\u00eda o no el pago\u201d.<\/p>\n En la investigaci\u00f3n del juzgado 18, sin embargo, hay actuaciones que no est\u00e1n recogidas. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas desvela que se pagaron 120.000 euros a una Fundaci\u00f3n \u201cque tiene como objetivo principal la tarea del conocimiento y reconocimiento internacional de la naci\u00f3n catalana y que edita una revista en ingl\u00e9s, siendo al menos dos de los miembros de su consejo editor altos cargos de la Secretar\u00eda de Asuntos Exteriores. Esta revista recibi\u00f3 adem\u00e1s otras dos subvenciones en 2016 y 2016 de 100.000 euros cada una y en 2017 recibi\u00f3 10.000 euros de Diplocat como pago de cuatro art\u00edculos que no consta que fueran remitidos por la entidad y no figurando en la revista ning\u00fan art\u00edculo con referencias a haber sido remitida por ella, adem\u00e1s de haber sido pagados por anticipado por orden del secretario del Diplocat ante la solicitud del director de la revista para paliar sus problemas de liquidez\u201d. En esas subvenciones se presentaron gastos justificativos por importe de m\u00e1s de 21.800 euros que no deber\u00edan haber sido aceptados.<\/p>\n