Andorra está en estado de shock. Los valles de la Valira han dejado de ser un lugar discreto y escondido de las miradas internacionales que «cuatro familias de toda la vida», con mentalidad oligopolística y caciquista, habían convertido en su finca particular.
La denuncia del FinCEN ha provocado el pánico en la cúpula que maneja los hilos del Coprincipado y ha precipitado, por primera vez en su historia, la intervención de un banco. En plena convulsión por el escándalo de la BPA, Andorra se ha tenido que someter, hace pocos días, al escrutinio que, de manera rotativa, hace el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a sus 193 estados miembros.
El país de los Pirineos ya fue inspeccionado en 2010 y ahora ha vuelto a pasar bajo la lupa del grupo de trabajo del Examen Periódico Universal (EPU). Y hay que decir que los resultados no son demasiados alentadores para las autoridades políticas andorranas.
Examen en Ginebra
En esta ocasión, la situación de los derechos humanos en Andorra ha sido evaluada por una troika formada por representantes procedentes de Etiopía, Catar y Portugal. Los inspectores se han interesado por temas como la igualdad de género, la discriminación racial, la violencia doméstica, los derechos de la infancia, la impunidad policial, la existencia de mafias organizadas, los derechos de los trabajadores, el trato que se da a los emigrantes y refugiados, la protección de los discapacitados, la libertad de información, etc.
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