Con todo, la secretaria general de ERC ha hecho una pregunta a Sánchez: «El día que te acusen de haber utilizado la violencia para defender la democracia, de terrorismo para defender la justicia y los derechos humanos… y tengas que coger cuatro cosas, despedirte de la familia y encontrar un lugar desde donde poder seguir defendiendo tus ideas, y que vayan pasando los años, ¿qué harás?».

Rovira ha acabado la intervención en X con una afirmación: «Solo hay una manera de luchar contra la extrema derecha: hacerle frente y no parar».

Hay que recordar, en este sentido, que la imputación de la mujer de Sánchez ha tenido lugar después de una denuncia de la asociación de extrema derecha Manos Límpias.

De su banda, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha subrayado que «los que asediaron durante meses Irene Montero ante sus hijos, mataron políticamente Mònica Oltra con una mentira y te convencieron que quizás estaba bien meter la gente en la prisión por un referéndum ahora van por un PSOE que muchas veces miró hacia otra banda cuando pasaba».

Aun así, ha añadido, «hoy solo cabe apoyar y aguantar. Antes rotos que doblados».

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«Lo que me extraña es que algunos todavía apuesten por estas fórmulas del pasado, antiguas, de enfrentamiento, de conflicto, de fracaso colectivo«, ha afirmado Bolaños, que ha respondido así a las declaraciones de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, asegurando que los republicanos ya están hablando con el PSOE de un referéndum.

A pesar de que se haya suspendido la mesa de diálogo entre gobiernos, Rovira afirmaba que ellos negocian «cada semana con el PSOE con la participación de mediadores internacionales», y que no lo dejarán de hacer durante las elecciones. Según la dirigente de ERC, la amnistía pondrá fin a la «primera etapa» de la resolución del «conflicto» y abrirá una segunda, en que se tiene que negociar el referéndum. «El mejor de todos es el que está pactado con el gobierno español», afirmaba la secretaría general de ERC, que decía que ya se estaba hablando con los socialistas sobre esta opción.

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En una entrevista en La Hora de La 1 de TVE, Peña ha afirmado que «no nos encontrarán formulas que dividan». La portavoz socialista ha contestado así a las afirmaciones de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien había asegurado que su partido ya había empezado a hablar con los socialistas de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Peña ha insistido que «ni está encima de la mesa», «ni es voluntad» del PSOE hablar de un referéndum, al mismo tiempo que ha asegurado que están únicamente sentados «para hablar de normalización, de servicios públicos, de pasar página». Para la portavoz socialista, las declaraciones de la dirigente de ERC responden exclusivamente al hecho de que «estamos en un periodo preelectoral» en Cataluña.

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Rovira ha considerado que es un día «feliz» y que lograron una «victoria política brutal», pero también que el «reto» es aplicar la ley. «Es allí donde nos jugaremos el físico», ha alertado en declaraciones recogidas por la ACN. «Cada vez que perdemos una semana más, ellos (los jueces) ganan medidas cautelares, abren más causas», ha aseverado. Rovira ha hecho una metáfora: «Tenemos que poner la última gárgola en la catedral que tenemos, que hace cuatro años que empezamos a edificar, y ahora debemos inaugurarla».

La dirigente de ERC ha defendido que la amnistía es la «mejor solución antirrepresiva», pero ya ha avisado de que «no será perfecta porque existe un estamento judicial dispuesto a seguir haciendo política». Además, ha recordado que cada «paso» que se ha dado en la ley, «ha tenido una respuesta» del juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

«Hay un terrorismo inventado y queda cubierto por la ley», ha añadido, argumentando que no quieren que se amnistíen o perdonen delitos de terrorismo. «No queremos amnistiar torturas ni muertes intencionadas», ha agregado.

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En un auto conocido este miércoles, García Castellón explica que su intención es introducir el informe en la respuesta que remitirá a las autoridades suizas una vez éstas le han pedido más información sobre los motivos por los que persigue a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

El informe, que no afectará a la posición final de la Fiscalía, porque la decisión recaerá en la teniente fiscal del Supremo, María Angeles Sánchez-Conde, asegura que Puigdemont «ejercía el liderazgo absoluto» del movimiento y llevaba «las riendas» de la plataforma, que define como un «grupo organizado de carácter terrorista», recoge la ACN.

Según ha publicado El Español, el documento redactado por el fiscal de sala jefe, Fidel Cadena, remarca que Puigdemont «estuvo informado desde el principio de la constitución del grupo organizado», estuvo presente en reuniones en Ginebra para ponerlo en marcha el 30 y 31 de agosto de 2019, y está «directamente implicado en el lanzamiento de la campaña de Tsunami a través de las redes sociales».

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El magistrado ha reprochado a Suiza que ni siquiera haya atendido su petición del pasado mas de noviembre de celebrar una reunión de coordinación sobre este caso. Además, García-Castellón ha advertido que los tratados internacionales prohíben rechazar una solicitud de asistencia judicial en base a motivos políticos.

La Oficina Federal de Justicia de Suiza ha cuestionado la investigación del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón sobre la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la causa del Tsunami Democràtic, y ha rechazado localizarla, como pedía el juez. En respuesta a la petición de García-Castellón, el organismo ha pedido más información a España “antes de verificar” si la comisión rogatoria “tiene un carácter político”, hecho que les impediría conceder la asistencia solicitada, ha recordado.

Mientras tanto, la justicia suiza ha suspendido la petición del juez, que pedía localizar a Rovira e información sobre sus movimientos bancarios: “No entendemos qué finalidad se persigue con esta localización”, apunta la oficina en un extracto de su respuesta. En el escrito, la Oficina Federal de Justicia constata que la petición del 21 de noviembre de 2023 sobre Rovira enviada por el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional es muy similar a la comisión rogatoria que cursó el 3 de diciembre de 2019, que ya fue denegada por parte de Suiza y dónde ya se pedía información bancaria de la secretaria general republicana.

Concretamente, el organismo se pregunta por qué se piden movimientos en la cuenta corriente de Rovira hasta junio de 2020, cuando los hechos investigados en los aeropuertos de Barcelona y Madrid “que supuestamente tendrían que haber recibido apoyo financiero a través de esta cuenta” tuvieron lugar el 14 de octubre de 2019. Es más, “desde el punto de vista del principio de proporcionalidad”, continúa, pide saber “la relación exacta entre Rovira y las manifestaciones en los dos aeropuertos mencionados”. La autoridad suiza constata la importancia de destacar la “implicación precisa” de la republicana en estas manifestaciones, “y más concretamente en las acciones contra funcionarios españoles y saqueos cometidos en este contexto”.

En el escrito, la Oficina Federal de Justicia también señala que saben por la prensa que se está preparando una ley de amnistía, y reclama que le amplíen información al respecto: “Sería conveniente que nos explicaran las posibles consecuencias de esta ley en los procedimientos iniciados contra los miembros de la plataforma Tsunami Democràtic, así como contra la señora Rovira”, remarca el organismo, que añade que la pertenencia de la republicana a esta plataforma “no está clara”.

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Mientras tanto, la justicia suiza ha suspendido la petición del juez, que pedía localizar a Rovira e información sobre sus movimientos bancarios: “No entendemos qué finalidad se persigue con esta localización”, apunta la oficina en un extracto de su respuesta. En el escrito, la Oficina Federal de Justicia constata que la petición del 21 de noviembre de 2023 sobre Rovira enviada por el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional es muy similar a la comisión rogatoria que cursó el 3 de diciembre de 2019, que ya fue denegada por parte de Suiza y dónde ya se pedía información bancaria de la secretaria general republicana.

Concretamente, el organismo se pregunta por qué se piden movimientos en la cuenta corriente de Rovira hasta junio de 2020, cuando los hechos investigados en los aeropuertos de Barcelona y Madrid “que supuestamente tendrían que haber recibido apoyo financiero a través de esta cuenta” tuvieron lugar el 14 de octubre de 2019. Es más, “desde el punto de vista del principio de proporcionalidad”, continúa, pide saber “la relación exacta entre Rovira y las manifestaciones en los dos aeropuertos mencionados”. La autoridad suiza constata la importancia de destacar la “implicación precisa” de la republicana en estas manifestaciones, “y más concretamente en las acciones contra funcionarios españoles y saqueos cometidos en este contexto”.

En el escrito, la Oficina Federal de Justicia también señala que saben por la prensa que se está preparando una ley de amnistía, y reclama que le amplíen información al respecto: “Sería conveniente que nos explicaran las posibles consecuencias de esta ley en los procedimientos iniciados contra los miembros de la plataforma Tsunami Democràtic, así como contra la señora Rovira”, remarca el organismo, que añade que la pertenencia de la republicana a esta plataforma “no está clara”.

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En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha afirmado que el gobierno central ha conocido la noticia por los medios de comunicación y, además del «respeto» que ha manifestado por la decisión, cree que «corresponderá en todo caso al juez García-Castellón responder la petición de información que ha llegado por parte de los tribunales de Suiza». De hecho, la justicia suiza pide conocer la “implicación precisa” de Rovira en las manifestaciones del Tsunami Democràtic, “y más concretamente en las acciones contra funcionarios españoles y saqueos cometidos en este contexto”. 

Además, el organismo solicita que les expliquen «las posibles consecuencias» de la ley de amnistía que se está preparando, y señala que la pertenencia de la secretaria general de ERC a esta plataforma “no está clara”.

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Marta Rovira también ha dicho que es «imposible» que el PP trabaje para resolver el conflicto político porque «es quien lo agravió». Rovira ha dado detalles sobre este contacto justo después de que se hiciera público que el PP y Juntos habían negociado un posible apoyo a la investidura a cambio de unos indultos «condicionados». Rovira no ha querido valorar la posición de Juntos y ha dicho que cada partido tiene que dar sus explicaciones. En cualquier caso, la dirigente republicana ha remarcado que ERC trabaja «con transparencia y coherencia».

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Fuentes de los populares aseguran que Floriano solo comentó «a una diputada de ERC, y «de manera informal y coloquial» durante el mes de agosto, que «tendrían que dejar gobernar la lista más votada», «nada más», sostienen. Los populares añaden que Floriano no había recibido ningún encargo para «plantear nada» a ERC, ni habló «con la fugada Marta Rovira», a quien «aprovechamos para pedir que vuelva a España para ser juzgada por los tribunales de nuestro país». En definitiva, según estas fuentes, el PP «nunca ha establecido el más mínimo contacto con ERC para buscar su apoyo en la investidura».

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También por parte de ERC, la consejera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, ha añadido que los anhelos de independencia de la ciudadanía de Cataluña despiertan la «peor reacción» de cierta judicatura española. «Nos limitan los derechos y libertades para evitar que avancemos en nuestro proyecto. Pero no nos pararán», ha publicado en X.

Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha subrayado que la «represión no para», y tampoco «el trabajo para combatirla», mientras que el diputado posconvergente en la cámara catalana Joan Canadell ha afirmado que «no vivimos en un país normal». «Seguimos luchando para hacer un Estado independiente donde todos los Ruben, las Marta, los Toni, los Lluís, los Carles puedan vivir en libertad plena», ha dicho también Canadell.

Desde la CUP, Carles Riera i Xavier Pellicer han dado su apoyo a Wagensberg por sufrir un «acoso judicial y mediático por su compromiso independentista». «Seremos un Tsunami de solidaridad», ha expresado Riera. Pellicer ha extendido la solidaridad también a todas las personas «perseguidas» por «el ultra» García Castellón, en referencia al juez, y el resto del aparato «antidemocrático» del Estado. «Un nuevo ejemplo que para el Estado terrorismo es cualquier forma de disidencia», ha concluido.

El portavoz de los comunes en el Parlament, David Cid, ha aseverado que Wagensberg «no es ningún terrorista», sino su amigo. «Estoy seguro de que pronto nos abrazaremos en Cataluña», ha añadido Cid. Por su parte, el Consell de la República ha constatado que el diputado de ERC es «víctima de la persecución judicial» y que todo ello muestra que «la represión no para y hay que estar preparados».

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García Castellón también dice que están pendientes de un recurso ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, así como de la decisión del Tribunal Supremo en cuanto a la exposición razonada elevada por el instructor y de la petición a Suiza para aclarar la financiación de Tsunami. Además, recuerda que la investigación ha resultado compleja y ha requerido actuaciones fuera de España con la emisión de comisiones rogatorias internacionales y órdenes europeas de investigación en los Estados Unidos, Suiza, Canadá y Países Bajos, que necesitaron sucesivas ampliaciones, cosa que ha llevado periodos más largos para su ejecución. Por todo esto, explica que prorroga la causa inicialmente hasta el 29 de julio, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas por periodos de seis meses o inferiores que pudieran acordarse si procede antes de la finalización de este plazo.

En su resolución, el magistrado insiste en que del resultado de las investigaciones practicadas se infiere indiciariamente que Tsunami fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, la finalidad esencial de las cuales era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económicamente y políticamente al Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva.

Añade que Tsunami fue fruto de una planificación efectuada por distintas personas para ejecutar acciones de gran envergadura, con vocación de permanencia, capaces de movilizar una masa de personas de forma que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España. Explica que su gestación se planificaba desde tiempo atrás y que su lanzamiento tuvo lugar el 28 de agosto de 2019 como iniciativa de movilización social en respuesta a la sentencia del 1-O del Tribunal Supremo.

Para el juez, resulta relevante constatar cómo “se hace referencia al hecho de que Òmnium Cultural informara directamente al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y considera, basándose en la información facilitada por la Guardia Civil, que tanto esta entidad como Puigdemont podrían haber participado en la aparición de la organización, extremos que se tendrán que aclarar en la investigación».

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En su resolución, según difunde la ACN, García Castellón ha apuntado que tras las últimas diligencias practicadas, «se afianzó la tesis inicial» del delito de terrorismo. En el caso de la protesta del aeropuerto de El Prat, ha subrayado que los concentrados «llevaban armas y artefactos de similar potencia destructiva», lo que demuestra, según ha argumentado, la planificación violenta de la acción.

García Castellón ha criticado el papel de la Fiscalía en este caso al considerar que «hay que reflexionar sobre el hecho singular de tener que insistir ante el órgano que tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad sobre la contundencia, cantidad y nitidez de los indicios que permiten sostener la calificación inicial por delito de terrorismo».

En otra resolución, García Castellón ha rechazado el recurso de Marta Rovira contra la decisión de cursar una comisión rogatoria para que Suiza comunique el paradero de la dirigente de ERC.

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«Esta portavoz no está para trasladar opiniones sobre resoluciones judiciales, sino para respetarlas», ha insistido Alegría. Al ser preguntada por los efectos que puede tener la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, la ministra también ha asegurado que el ejecutivo central mantendrá la «hoja de ruta» respecto a Cataluña.

«Este gobierno ha adoptado medidas que claramente y objetivamente han mejorado la convivencia en Cataluña, y queremos seguir transitando esta senda para que los problemas políticos se resuelvan desde la política«, ha manifestado Alegría, que ha añadido: «Hemos apostado por esta vía desde 2018, y es el camino que seguiremos transitando». En este sentido, la portavoz y ministra ha recordado que las mesas de negociación pactadas entre el PSOE, Junts y ERC son mesas «entre partidos», pero que «lógicamente lo que se acuerda, y además de forma clara, pública y transparente, se cumple».

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Según ha avanzado La Vanguardia y ha confirmado la ACN, el juez ha acompañado la petición de una solicitud de los datos de una cuenta bancaria del CIM Banque con el objetivo de que las autoridades helvéticas identifiquen a los titulares de productos financieros adquiridos, las personas autorizadas a operar con la cuenta, sus vinculaciones y los documentos de identidad que consten asociados a la misma. Además, quiere una relación de los movimientos de la cuenta desde su creación en junio de 2020, así como los cheques emitidos.

Las peticiones a la justicia suiza se conocen después de que García-Castellón enviara al Tribunal Supremo una exposición razonada para que investigara por terrorismo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al diputado de ERC en el Parlamento catalán Ruben Wagensberg, además de otras diez personas, entre ellas Marta Rovira.

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García Castellón señala que para aclarar los hechos tiene que hacer ciertas indagaciones que no puede practicar porque Puigdemont y Wagensberg son aforados. El escrito asegura que Puigdemont se situaría en el vértice de la organización del Tsunami, y añade que su posición como expresidente y líder desde Bélgica del independentismo le confiere “una posición de autoridad incuestionable”.

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En un auto de 34 páginas, el magistrado ofrece comparecer voluntariamente ante la Audiencia Nacional a Puigdemont, al tratarse de un diputado del Parlamento Europeo, antes de cursar el suplicatorio correspondiente, algo que también hace con Ruben Wagensberg, diputado en la cámara catalana.

Según recoge la ACN, el magistrado indica que los hechos objeto de la investigación podrían calificarse, de forma indiciaria, como de terrorismo.

La resolución, en concreto, acuerda citar como investigados a Marta Rovira, Josep Lluís Alay, Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, Josep Campmajó, Jesús Rodríguez, Jaume Cabani, Oleguer Serra y Nicola Flavio Giulio Foglia.

Además, acuerda citar como testigos a la entonces portavoz de ERC, Marta Vilalta, y al líder de EH-Bildu, Arnaldo Otegi, para tratar de esclarecer lo ocurrido en una reunión en Ginebra, y la participación que tuvieron los distintos líderes que asistieron en relación a la planificación y aparición de Tsunami.

La resolución defiende que resulta necesaria la citación de Carles Puigdemont para que declare sobre los hechos objeto de investigación: «Su citación en ese momento no se podría hacer en ninguna otra condición que no sea la de investigado, asistido de letrado y ofreciéndole la oportunidad de defenderse, dado que el interrogatorio versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio».

El magistrado García-Castellón argumenta que, a la vista del análisis de la agenda de Josep Lluís Alay, Puigdemont es una de las personas cuya presencia en las reuniones que se celebraron en Ginebra los días 29 a 31 de agosto de 2019, durante las cuales se pudo planificar la actuación de Tsunami, consta acreditada indiciariamente.

Su nombre, según concreta, aparece en un mensaje que figura en el dispositivo analizado de Alay enviado por Jesús Rodríguez. Igualmente, el auto refleja que parece haber asistido a una reunión en Ginebra aludida por Marta Vilalta, recoge también la ACN.

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La dirigente republicana ha defendido que la ley de amnistía «no va de personas» sino que lo que hace es amnistiar unos hechos que se han considerado delito y que no lo tenían que haber sido. Por lo tanto, según ha dicho, lo importante es determinar los «hechos», y ha recordado que Junts, ERC y la CUP ya se pusieron de acuerdo en 2021, cuando llevaron conjuntamente una ley de amnistía al Congreso que hacía referencia «a los hechos y actos para defender la independencia como opción política».

Preguntada por su caso, Rovira ha afirmado que si ella quedara fuera de la ley de amnistía, dormiría tranquila si hubiera conseguido incluir a centenares de casos abiertos que afectan a miles de personas. «No he hecho nunca nada por mí desde que hace 12 años que hago política y no lo haré nunca», ha asegurado. De hecho, ha indicado que le da igual si entra o no dentro de la ley amnistía.

«Competencia» entre ERC y Junts

La secretaria general de Esquerra Republicana ha admitido que hubiera sido «más ideal y más oportuno» que Junts y ERC negociaran conjuntamente o se coordinaran para conseguir objetivos compartidos puesto que, según ha recordado, «no se trata de 7 votos, sino de 14», haciendo referencia a los diputados que suman ambos partidos en el Congreso. «La situación no es nada ideal. Nos lleva a una situación no de cooperación sino, de competencia», ha añadido.

La dirigente de los republicanos se ha mostrado confiada en que la situación pueda cambiar después de la investidura del socialista Pedro Sánchez y Junts y ERC puedan empezar la legislatura con «más coordinación». «Quiero confiar en que una vez pase la investidura nos podremos sentar. Nos separan cuestiones tácticas y partidistas. Confío y continuaré trabajando para poder encontrar la manera de ponernos de acuerdo», ha insistido.

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Para los investigadores del caso, Rovira utilizaba el sobrenombre Matagalls y respondía al nombre de Marta en conversaciones con el exdirigente y exconsejero de ERC Xavier Vendrell y con Josep Lluís Alay, actual responsable de la oficina de expresidente de Carles Puigdemont, y participó en el reclutamiento de gente, además de ejercer de enlace entre Tsunami y la dirección.

Además, el informe refleja que Rovira tenía un «conocimiento previo» de al menos ciertas acciones de la plataforma, recoge la ACN, y que era una persona autorizada para discutir y defender el proyecto de Tsunami Democràtic ante facciones independentistas que pudieran estar en contra, según fragmentos difundidos por El Mundo y ABC.

La Audiencia Nacional investiga a Tsunami por acciones como el bloqueo del aeropuerto de El Prat o el corte de la AP-7 en la frontera, en una causa a la que podría afectar a una futura ley de amnistía que pacte el PSOE con los partidos independentistas catalanes.

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Sánchez se comprometió este miércoles a «desplegar» el uso del catalán en las instituciones europeas durante la presidencia española de la UE. Se lee como gesto a los independentistas a menos de 24 horas de la constitución del Congreso. «¿Qué gesto?», se preguntó Rovira en un tuit, en el que asegura que esta medida ya estaba asumida y «sellada» en los acuerdos de la mesa de diálogo del 7 de julio del 2022. «En el Parlamento Europeo hemos trabajado mucho. Cumple y acabe el trabajo. Así, no», lo remacha.

En el documento de acuerdo entre los gobiernos en la mesa de diálogo, que Rovira enlaza al tuit, se lee que el gobierno español solicitará a la presidencia del Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el pleno. También se comprometía a presentar una solicitud ante la Mesa de la Eurocámara, junto con una propuesta que asegure su viabilidad técnica y financiera. Además, se conjuraba para conseguir una mayoría suficiente que avalara la petición.

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Durante la entrevista que ha concedido este martes a Catalunya Ràdio, Rovira ha manifestado que ve posible un acuerdo entre los dos exsocios de gobierno en la Generalitat y ha alertado de que si no suman fuerzas en Madrid «será un momento duro para el independentismo».

Rovira, que ha abogado por un acuerdo estratégico ERC-Junts, ha considerado que la relación entre estas formaciones ha «fracasado» porque no lo han alcanzado hasta ahora, y que el desacuerdo sobre la mesa de diálogo «ha sido por ciertas formalidades como la composición» de esta mesa.

«No veo por qué no deberíamos volver a ponernos de acuerdo», ha concluido la dirigente republicana al día siguiente de que la presidenta de Junts, Laura Borràs, cargara contra la última intervención pública del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Borràs ha criticado que, en el balance del curso político, el presidente catalán hablara «de mesa de diálogo y acuerdo de claridad», decisión que, a su juicio, pone de manifiesto «su nivel de desconexión de la realidad del independentismo» . «De los votos de Junts ya hablaremos los de Junts», ha añadido la expresidenta del Parlamento de Cataluña.

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De la otra, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, la portavoz Marta Vilalta, el exconsejero Juli Fernández y el presidente del grupo republicano en el Parlament, Josep Maria Jové, se encargarán de las cuestiones estratégicas y de índole política. La exconsejera Jordà será la portavoz de las conversaciones y negociaciones de los republicanos.

Durante la campaña electoral, la formación republicana ha hablado de aumentar el precio ante una hipotética investidura de Sánchez y, concretamente, ha puesto como condiciones el mantenimiento de la mesa de diálogo, el traspaso íntegro de Cercanías y el adelanto hacia el referéndum y la amnistía.

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