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]]>Este caso, sobre el presunto desvío hacia el PSC de fondos públicos correspondientes al contrato firmado con Inipro por el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona, afecta al exalcalde de la ciudad Josep Fèlix Ballesteros. La Fiscalía pide para él cinco años de cárcel por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude, falsedad en documento público y falsedad en documento mercantil.
Por su parte, la CUP atribuye al exalcalde alteración de precios, subastas y concursos públicos, y abuso en el ejercicio de la función pública, y pide para él 13 años de cárcel. La petición de pena del Ayuntamiento como acusación particular es de 14 años y 3 meses. El abogado defensor de Ballesteros, David Rocamora, no prevé que el juicio oral se celebre antes de finales de 2023, recoge el diario Més.
Aparte de Ballesteros, se encuentran un paso más cerca del juicio varios antiguos miembros de la cúpula socialista en Tarragona, entre ellos la exportavoz local Begoña Floria, la exconcejala Victoria Pelegrín y Antonio Muñoz, exgerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona.
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