La Audiencia de Barcelona sospecha que Montull y su esposa, Mercedes Mir, podrían haber cometido un delito de frustración de la ejecución de la condena si ocultaron el cobro del alquiler de un inmueble en El Masnou. La Audiencia ha enviado el caso a los juzgados de instrucción de Barcelona para que decidan si debe abrirse una causa por estos hechos.

La ejecución de la sentencia del caso Palau fijaba el embargo de 23 millones a los condenados, en concepto de la cantidad expoliada a la institución musical. Hasta ahora, de ese dinero, se han recuperado nueve millones, procedentes de una quincena de pisos de Millet y Montull, algunos de los cuales ya han sido subastados.

El pasado año, tanto el Palau de la Música como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona denunciaron que Jordi y Gemma Montull estaban ocultando ingresos de alquileres para evitar el embargo.

Montull dijo en el juzgado que sólo cobraba una pensión de jubilación, sin decir nada de ese alquiler. La defensa niega que quisiera esconderlo y dice que «no se incluyó este alquiler porque los arrendamientos de inmuebles embargados han servido para abonar Ibis, impuestos y tasas municipales, gastos de comunidad y mantenimiento».

15 de los 365 días de trabajos comunitarios
Por otra parte, la hija de Montull y ex directora financiera del Palau, Gemma Montull, dosifica tanto como puede el cumplimiento de su condena. Hace más de un año, le conmutaron la pena de cuatro años de cárcel por 365 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad. Tiene cinco años para ello, pero ha empezado a un ritmo muy lento: quince jornadas en diez meses. El fiscal cree que debe trabajar más a menudo y ha pedido al equipo de medidas penales que se agilice el cumplimiento de la condena.

Gemma Montull cumple estos trabajos en beneficio de la comunidad en la Fundación Busquets de Terrassa, realizando trabajos de cocina.

Millet y la desaparición de objetos de valor
Por último, el juzgado de instrucción número 4 de Granollers ha abierto una investigación contra el expresidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, después de que haya sido denunciado por la Agencia Tributaria. Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el pasado mayo el juzgado abrió diligencias por los delitos de falsedad documental y apropiación indebida.

Concretamente, se le investiga por la desaparición de varios objetos de valor de la mansión de L’Ametlla del Vallès, residencia de Millet, objetos que estaban embargados por orden judicial. Entre ellos, un piano de cola de madera, un cabezal de cama del siglo XVIII, unos colmillos de marfil, una decena de figuras de animales también de marfil y tres figuras de piedra con motivos africanos.

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Convergència, condenada en firme hace un año por haber cobrado a través del Palau de la Música 6,6 millones de euros en comisiones ilegales de la constructora Ferrovial, tuvo que entregar sedes embargadas cuando fue condenada, pero su valor solo asciende a 3,6 millones de euros, por lo que la Fundación Privada Orfeó Català-Palau de la Música y la Asociación Orfeó Català solicitaron que se exigiese al PDECat y a JxCat el importe restante.

Ahora, la Audiencia de Barcelona ha estimado la petición y deberá determinar a qué partido puede considerarse sucesor de Convergencia. Los magistrados, según destaca Europa Press, han señalado en el auto conocido este martes que Convergència presentó un concurso voluntario de acreedores el 30 de marzo de 2020 y que no dispone de más patrimonio que se pueda embargar.

Además, el Juzgado Mercantil número 9 de Barcelona interpuso un conflicto de competencias con la Audiencia de Barcelona sobre los bienes embargados a Convergència, que podría tener como desenlace la preferencia de los acreedores del concurso. El Tribunal Supremo aún debe pronunciarse al respecto.

Tanto el PDECat como Junts han recibido la comunicación sobre la pieza separada de la ejecución de la sentencia del caso Palau y tienen quince días para presentar alegaciones.

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