Google es sin duda la empresa que más relevancia tiene en nuestras vidas. Sus aplicativos los usamos siempre. No podemos imaginarnos hasta qué punto condiciona y canaliza nuestras actividades. Para algunos analistas, su poder acumulado es tal que sería deseable que perdiera su carácter privado y se convirtiera en una corporación pública, o bien fuese troceada. Su dimensión le proporciona un poder excesivo y la pone fuera de todo control.

Es la gran y típica historia de éxito de Silicon Valley. Cuando nació como buscador de Internet, puso en evidencia que ante el cambio de siglo el elemento de más valor no sería producir, sino intermediar. La plataforma se convertía en un prestamista de servicios imprescindible.

A Larry Page y Sergei Brin les fascinaba crear un algoritmo que mejorara la deficiente clasificación de páginas a través de palabras clave que hacían otros buscadores. Con investigación y financiación pública crearon así el famoso PageRank. Empezaron a implantar el nuevo buscador desde el dominio de Stanford y, con su éxito inmediato, lo colapsaron. El año siguiente, 1998, se creaba la empresa Google ya fuera del campus universitario. Sólo han pasado poco más de veinte años.

Su protegido algoritmo del buscador era sólo una parte inicial de un proyecto, bastante más ambicioso en relación a la tecnología digital, y que tenía que ver con el valor estratégico y comercial de los datos perfilados. Dejamos un rastro inmenso de datos y una infinidad de preferencias en los clics, de gran utilidad para la publicidad, el comercio, la seguridad o la política. Se instalaron en la voracidad de la indagación, escudriñando todo tipo de datos para venderlas. Lo de menos era la legalidad. Trabajaban en un terreno jurídicamente nuevo y virgen y contaban con la ventaja que daba la gratuidad de su servicio.

La gratuidad era el gran cebo para que les proporcionáramos nueva y mejor información sobre nosotros mismos. La estrategia consistió en desarrollar otros servicios más allá del buscador. Gmail significó un salto importante. Nos suministraba Google un correo electrónico gratuito y, previa autorización que ni leíamos, aceptábamos que saqueara nuestros mails para poder saberlo todo sobre nosotros. Cómo si en el mundo anterior al digital hubiéramos aceptado que el cartero abriera y leyera todas nuestras cartas y, además, las comentara públicamente. Centenares de millones de correos diarios analizados para descifrar nuestros intereses, intenciones y deseos. Una identidad para cada usuario. La puerta a la publicidad personalizada se abría de par en par.

A partir de 2008, Google ya tenía patentados algoritmos de personalización, que no cesarían de aumentar y de sofisticarse. Cada vez más quedaríamos prisioneros de nosotros mismos, o más bien del nosotros que nos hubieran adjudicado los algoritmos. Google no aportaba innovación tecnológica y sólo una intermediación vampirizadora del valor aportado por otros.

Los datos corporativos de la matriz de Google –Alphabet- son bastante indicativos de la dimensión. Con unos activos de 150.000 millones de dólares y un capital social de 110.000 millones, su valor bursátil es a estas alturas alrededor de 650.000 millones de dólares; es decir, el nivel del PIB de Arabia Saudí o bien Suiza. Aunque está lejos de liderar el ranking mundial de empresas por su facturación -lugar que ocupa la petrolera ExxonMobile con 700.000 millones de dólares-, la tasa de rentabilidad la lleva a ser de las empresas más rentables, con cerca de 25.000 millones de beneficios anuales.

La contabilidad creativa, su capacidad para operar en paraísos fiscales y la presión que ejerce sobre los gobiernos para practicar la elusión fiscal, le permiten disponer de unos niveles de liquidez envidiables y una enorme capacidad de inversión en innovación y desarrollo. Los datos fiscales en España son demoledores y explican bien el porqué de la tasa Google que ahora se plantea. Juega con los costes de transacción con estados que hacen de paraíso fiscal, como Irlanda. Con tan sólo 200 trabajadores, en 2017 ingresó por concepto de publicidad en España unos 1.000 millones de euros, a pesar de que sólo declaró 66 millones, y pagó a Hacienda poco más de 2 millones.

Así se hace el fraude fiscal a gran escala.