Cataluña no recuperará la paz hasta que la familia Pujol y su gang de empresarios del 3% no hayan sido juzgados por la Audiencia Nacional y, si se tercia, condenados. Como ya he explicado, la imputación por corrupción de Oriol Pujol, el príncipe heredero de la dinastía pujolista, en 2012, es el motor del proceso independentista que vivimos y sufrimos los catalanes.
Oriol Pujol ya ha sido juzgado y condenado, pero queda el “plato fuerte”. Las investigaciones sobre la fortuna escondida del clan Pujol, iniciadas en 2013, y el desmantelamiento de la trama del 3%, el año siguiente, todavía están en fase de instrucción judicial. La celebración del juicio oral de estos sumarios será el punto culminante de la lucha contra la mafia que ha secuestrado a Cataluña y ha destrozado nuestra convivencia democrática.
Para que esto llegue todavía faltan más de dos años. Dos años durante los cuales la tensión ambiental y la incertidumbre política serán tóxicas y letales para la estabilidad económica y, por consiguiente, laboral y social del país.
No se puede entender todo lo que hemos vivido en los últimos años -incluida la última semana de disturbios que han tenido por escenario el centro de Barcelona y las otras tres capitales de demarcación- sin el Plan de nacionalización de Cataluña que impulsó Jordi Pujol en 1990 y que EL TRIANGLE ha publicado, de manera detallada y exhaustiva, en las últimas ediciones. Aquí está la piedra Rosetta que permite descifrar el proyecto de ingeniería social más aberrante que se ha perpetrado en Europa desde el fin de la II Guerra Mundial y que ha precisado montañas de dinero público -y también de dinero negro, procedente de la corrupción- para poder ser implementado en la sociedad, con la estrategia de la lluvia fina.
El caos es la fase final de este programa perfectamente planificado que nos ha sido aplicado durante 30 años, con la colaboración necesaria e imprescindible de los medios de comunicación. En ningún país democrático europeo se ha producido, como en el caso de Cataluña, una compra masiva de las empresas mediáticas por parte del poder político a través de las subvenciones y la publicidad, creando una dependencia económica que ha distorsionado, completamente, la libertad de información y de opinión.
Durante años, el tridente hegemónico formado por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (TV3 y Catalunya Ràdio), el grupo Godó y el grupo Zeta -además de toda la cohorte de diarios digitales, diarios comarcales, televisiones y radios locales…- han impuesto una visión sectaria de la realidad catalana y, en general, han sido cómplices de la vergonzosa omertà sobre los casos de corrupción protagonizados y amparados por el pujolismo. Afortunadamente, en la crítica coyuntura actual, tanto La Vanguardia como El Periódico, que ha cambiado recientemente de propiedad, han empezado a reaccionar y a perder el miedo.
Nos quedan dos años de turbulencias y sufrimientos hasta que nos desembarazemos de la nefasta herencia pujolista. Después de las terribles vivencias de la semana pasada, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del otoño del 2017, el próximo highlight será la extradición, en los próximos meses, del expresidente Carles Puigdemont. Esto pasará, previsiblemente, hacia el mes de febrero del año próximo. Es imprescindible que, antes de que llegue este momentum, Cataluña pueda celebrar elecciones al Parlamento para poder articular una vía dialogada con el gobierno de Madrid que ayude, finalmente, a racionalizar la vida política y económica y a recoser la malograda convivencia.
