Este domingo día 10 celebramos las elecciones más extrañas de la historia de la democracia española. Las incertidumbres que provoca la situación política de Cataluña y las incógnitas por el impacto que tendría la sentencia del Tribunal Supremo por los sucesos del 1-O abortaron la formación de un gobierno PSOE-Podemos, que era el mensaje que enviaron las urnas en los comicios del pasado 28 de abril. 

Pedro Sánchez tuvo miedo de presidir un gobierno débil y supeditado, en última instancia, a los escaños de ERC y PDECat. Por eso decidió convocar unas nuevas elecciones, esperando a ver qué pasaba en Cataluña y con la confianza que, en esta ocasión, las cartas le sean más favorables para formar un gobierno fuerte y estable, que es lo que le exige el eje París-Berlín, que dirige la Unión Europea. 

A pesar de las protestas que ha provocado en Cataluña la sentencia del Tribunal Supremo, lo cierto es que, mirado en perspectiva, desde el 14-O no ha pasado nada que perjudique seriamente los intereses vitales del Estado. La contundencia policial desatada por el CNP y los Mossos d'Esquadra y las detenciones de jóvenes manifestantes han tenido un efecto fulminante en los ánimos combativos de los CDR, del SEPC, del Tsunami Democràtic y del Picnic por la República

Acciones imaginadas, como el corte indefinido de la AP7 para impedir el tráfico de camiones a Europa o la ocupación de los colegios electorales para sabotear las votaciones del 10-N, han quedado en nada. La actitud dubitativa del presidente Quim Torra –que ni ha sido capaz de destituir al consejero Miquel Buch ni tampoco ha abierto las prisiones donde están los nueve líderes independentistas condenados- también desconcierta y desalienta a las vanguardias más hiperventiladas del movimiento secesionista. 

De los acontecimientos de estas últimas dos semanas quien ha salido más tocado ha sido el mismo presidente Quim Torra y, por elevación, su mentor de Waterloo, el ex presidente Carles Puigdemont. La alarma de los sectores empresariales por los efectos negativos de las imágenes de los disturbios callejeros sobre la economía catalana añade presión al huésped del Palau de la Generalitat, que se resiste como gato panza arriba a convocar elecciones autonómicas anticipadas, que es la última carta que le queda en la mano para poder negociar. 

En este sentido, las elecciones del 10-N tienen un gran interés en clave interna de Cataluña, aunque los escaños que obtengan las tres fuerzas independentistas (JxCat, ERC y CUP) no servirán por nada en Madrid. Si ERC se impone claramente a JxCat, como señalan las encuestas, entonces la posición del presidente Quim Torra será insostenible y la legislatura quedará definitivamente liquidada. 

La estrategia de Pedro Sánchez parece que le funciona. Frenada la revuelta catalana en la calle y en las instituciones, la operación de trasladar los despojos del dictador Francisco Franco fuera del Valle de los Caídos ha servido para delimitar el peso del extrema derecha –emboscada, durante décadas, en las filas del PP- a Vox. Pablo Casado ha quedado liberado de la herencia franquista y esto permite al PP transitar cómodamente hacia un centroderecha homologable en Europa. 

Descartada la opción de Podemos, que no se considera fiable, todo hace pensar que el diseño post 10-N pasa por un gran pacto de colaboración a la alemana –donde democristianos y socialdemócratas gobiernan en coalición desde 2013- entre el PSOE y el PP, con el apoyo externo de algún pequeño partido, si es necesario. Obviamente, en campaña, Pedro Sánchez y Pablo Casado reniegan con vehemencia de esta posibilidad, pero es la más verosímil para encarar los enormes desafíos económicos y sociales que tiene el Estado español por delante. 

Un pacto PSOE-PP es un hecho inédito en los anales de la política española y veremos que da de sí. En todo caso, abre las puertas a una estabilidad parlamentaria imprescindible para aprobar los presupuestos, después de la concatenación de elecciones. Por si quedaba alguna duda, la irrupción de Íñigo Errejón debilita a Podemos. Todo está a punto para esta gran operación de Estado, bendecida por la Zarzuela y por los grandes poderes empresariales y financieros. Ahora solo hace falta que las urnas certifiquen el 10-N la viabilidad de esta fórmula.