En el barómetro del CIS, que se viene publicando hace años, una de las preguntas que se hace a los encuestados se refiere a la organización territorial del Estado en España y se pide al entrevistado que diga con qué modelo de organización está más de acuerdo. Los modelos propuestos son los siguientes:
- Un Estado con un único Gobierno central sin autonomías
- Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan menor autonomía que en la actualidad
- Un Estado con comunidades autónomas como en la actualidad
- Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan mayor autonomía que en la actualidad
- Un Estado en el que se reconociese a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en Estados independientes
Una de las preguntas que podemos hacernos es ¿Cómo ha evolucionado la respuesta de los ciudadanos en el último año y medio? ¿Han influido en estas preferencias los hechos acaecidos en otoño de 2017 en Cataluña: con la aprobación en setiembre de las leyes de desconexión, la celebración del pseudoreferéndum del 1-O, la posterior declaración de independencia y la aplicación del artículo 155 de la CE?
Para hacer el análisis, hemos preferido simplificar los datos, agrupando las dos primeras respuestas como preferencia a centralizar y las dos últimas como tendencia a descentralizar el modelo territorial. La respuesta número 3 mantendría el statu quo actual.
Aparte de respuestas puntuales reactivas centralizadoras o descentralizadores, en líneas generales vemos que durante este tiempo ha habido una tendencia general a aumentar la valoración del estado de las autonomías; una tendencia inicial a aumentar la centralización, que parece haber disminuido hasta acercarse a los valores iniciales y una cierta disminución general de las preferencias hacia la descentralización. Quizás los ciudadanos estamos aprendiendo a valorar lo que tenemos, de ahí que la valoración del Estado Autonómico tenga tendencia a crecer, aunque esto no puede significar de ninguna de las maneras dejar de corregir aquello que nos parezca disfuncional.
Sin embargo, la pregunta no nos sirve para detectar lo que hay que corregir, porque no se relaciona con nada que lo concrete. Una persona de izquierdas tiene tendencia a contestar que hay que descentralizar, y una de derechas que hay que centralizar. ¿Centralizar o descentralizar para qué, por qué, el qué? Es obvio que hay competencias descentralizadas que requieren mejorar la armonización entre autonomías, otras que han sido transferidas de forma inadecuada o incompleta y algunas se aplican al margen de la ley, sin que nadie las recurra. Según en lo que nos fijemos más, o nos importe más, contestaremos a la encuesta, pero no resolveremos el problema de fondo.
Los españoles tenemos tendencia a enfocar los problemas des del punto de vista emocional o ideológico, lo que nos aleja del pragmatismo necesario para encontrar la solución.
Los problemas territoriales son conflictos de poder y competencias. Quizás, para resolverlos debamos aplicar el principio de subsidiariedad que propugna el federalismo: las competencias debe ejercerlas el órgano que pueda hacerlo de forma más eficiente, porque no estamos hablando de cuestiones de fe, y al final lo que importa es dar un mejor servicio al ciudadano. A mi entender, deberíamos mantener las competencias básicamente como las tenemos, pero modificando de forma pragmática lo que no acaba de funcionar. Por tanto, se trata de desbrozar los problemas, uno por uno y encontrar la solución que mejor cumpla el objetivo. A veces la solución implicará mejorar la coordinación, en otros casos implicará que el gobierno español coja las riendas del conflicto y en otros casos, que acabe de transferir y ordenar lo que es disfuncional porqué aún está a medias.
Es sencillo si cambiamos el prisma con el que analizamos las cosas. Es sencillo si aprendemos a no rasgarnos las vestiduras cada vez que un adversario realice una propuesta de solución. Es sencillo si nos convencemos que para negociar y establecer pactos, es imprescindible cuestionar nuestras posiciones iniciales. Es sencillo si en vez de mirarse al ombligo, los políticos miran al ciudadano.
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