Hace un tiempo coincidí con una chica en yoga. Explicaba muy orgullosa que trabajaba en el departamento de Economía de la Generalitat, que en aquellos momentos estaba en manos de Andreu Mas-Colell. La moza presumía que si había conseguido el trabajo era porque su hermano trabajaba allí y la había colocado, porque allí todo funcionaba por apellidos y no por méritos profesionales. Cada vez que la oía hablar así se me retorcía el estómago y volvía la rabia que había conseguido eliminar después de la clase. Un día no pude más y le dije que hiciera el favor de callarse porque, si seguía provocándome explicando los desastres internos del departamento, lo escribiría al pie de la letra citándola por su ilustre apellido.

La amistad se acabó rápido, pero el regusto amargo que me dejó su bravuconería me duró más. El ardor de estómago se intensificó tiempo después cuando me tocó escribir sobre la polémica operación inmobiliaria de la Generalitat bendecida por el alcalde Trias que se había producido en el barrio. La venta de la modernista Casa Burés a un fondo de inversión por unos tres millones de euros menos de lo que había costado me dejó muy claro que si Mas había llegado tan lejos en la vida era por su talento para hacer negocios. La clarividencia empresarial del heredero del pujolismo ya había llevado a la ruina la empresa de los Prenafeta, así que no me tenía que extrañar que su instinto marinero confundiera años después Ítaca con el abismo donde ahora estamos atrapados.

¿Por qué escribo ahora del gobierno de los mejores? Pues porque ahora se ha sabido que la gestión económica del ejecutivo de Mas fue todo menos ejemplar. Lo constata un informe de la Sindicatura de Cuentas publicado recientemente pero sin apenas eco en la prensa patriótica independiente. El estudio pone la lupa sobre la venta de edificios públicos en el periodo 2012-2014 para ganar liquidez de forma urgente y reducir la deuda que dejaron las desastrosas gestiones de los tripartitos de Maragall y Montilla. El plan diseñado por el brillante Mas-Colell comportó la venta de una quincena de sedes públicas por debajo de su precio de mercado y nos obligará a pagar casi 790 millones de euros en alquileres de oficinas hasta el año 2034. Gran negocio esto de vender la casa para irse de alquiler.

El informe de la Sindicatura es demoledor. La mayoría de los edificios que se pusieron a la venta se habían comprado entre los años 2004 y 2010, es decir, cuando los precios del mercado inmobiliario estaban por las nubes. Algunos de ellos se ofrecían incluso por debajo del valor de tasación y la falta de actualización de los inventarios de los inmuebles hace pensar que la cifra de edificios mal vendidos a precios de risa todavía podría ser más alta. Más datos. A finales del 2014, la Generalitat tenía 120 inmuebles vacíos que generaron un gasto de poco más de 3 millones de euros en mantenimiento. A esta cifra hay que añadir cerca de 2.000 viviendas, locales y aparcamientos vacíos propiedad del Incasòl y del Consorcio del barrio de la Mina. Que la ponente del informe haya sido la síndica Emma Balseiro no me quita el sueño. La conocí cuando era concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona y entonces ya era implacable.

Antes hablaba del alcalde Trias porque quizás sin él la Casa Burés no se habría malvendido tan alegremente. El edificio era de propiedad municipal y primero tenía que ser la sede del futuro Museo de la Música y después equipamiento para el barrio. Todo quedó en nada y, al final, un opaco acuerdo entre gobiernos del mismo color político a lado y lado de Sant Jaume convirtió la mansión en candidata a sede de oficinas de la Generalitat. El invento tampoco pudo ser porque la reforma era muy cara y la crisis lo devoraba todo, así que el edificio se quedó vacío y desprotegido ante el vandalismo. El gobierno catalán no pagó a Barcelona los 15 millones de euros que había costado la joya arquitectónica, pero el liquidador Mas la puso en venta igualmente, con la bendición de su amigo Trias.

Paso a menudo delante de la Casa Burés, ahora reconvertida en apartamentos de lujo con espacios comunitarios exclusivos. Las obras faraónicas del majestuoso edificio vendido por el gobierno de los liquidadores por 12 millones de euros acabarán a finales de este año, según las previsiones. Cada vez que veo al casoplón se me revuelve de nuevo el estómago y pienso en la vergonzosa descapitalización del patrimonio de todos y en la necesaria asunción de responsabilidades de los políticos. También pienso en los aparcamientos municipales rentables que Trias vendió a Saba por cuatro chavos. Por cierto, la concesionaria acaba de nombrar consejera a Susana Gallardo, la pareja de Manuel Valls. Todo queda en familia.