La declaración del estado de alarma ha sido el instrumento constitucional usado por el Gobierno para limitar la libertad de movimientos de la ciudadanía, con objeto de impedir contagios de la Covid-19 y evitar el colapso de los servicios médicos. Esto comporta restricciones en la economía consumista, en parte superflua y artificial, basada en el abaratamiento imprudente de la producción y de los servicios y en la codicia financiera.
Otra vez se vuelve a plantear la antigua dicotomía entre seguridad y libertad como una ecuación de suma cero: cuanta más seguridad, menos libertad, y viceversa. La seguridad se fía a los medios represivos: policía, ejército y otras organizaciones privadas que garantizan la posesión material y patriarcal. La seguridad vinculada a la propiedad. Sin embargo, es imposible disfrutar plenamente de la libertad si no se tiene garantizada la seguridad. Una cosa es condición necesaria de la otra. El paro, la enfermedad, la invalidez, la jubilación, la maternidad, la viudedad, la orfandad, los accidentes, la explotación laboral, el trabajo precario e informal y la carencia de un ingreso pecuniario suficiente, son los principales causantes de la inseguridad que impide actuar libremente.
Desde tiempos inmemoriales, para sobrevivir en situaciones de penuria y de infortunio y para prevenir riesgos, ha habido que ahorrar una parte de los bienes producidos, de los ingresos obtenidos, con objeto de mitigar eventuales consecuencias adversas y paliar siniestros imprevistos. Con más razón todavía si estos son previsibles. Una parte de este ahorro se guarda individualmente o sirve para pagar la póliza de algún seguro privado. Con la otra parte se contribuye al ahorro colectivo común, para beneficio de todos, mediante la acción de la Administración pública. Las insuficiencias se cubren con deuda. Con las cotizaciones sociales se abonan las pensiones de jubilación y otras.
Los servicios comunes (sanidad, enseñanza, ingreso mínimo vital, bomberos, carreteras, etc.) se pagan con los tributos que se recaudan. Por eso la contribución al sostenimiento de la Seguridad Social y a otras instituciones de previsión y asistencia del Estado resulta imprescindible. La aportación a estos fines se tiene que hacer de manera proporcional y progresiva. Tiene que pagar más quien más tiene. Y cómo que cada vez es más necesario dedicar en los presupuestos generales del Estado un porcentaje superior del producto interior bruto (PIB) para gastos sociales, los gobiernos tienen que justificar muy bien su trabajo sin desviaciones espurias.
En estos momentos es perentorio preparar a la sociedad para asumir un aumento temporal del paro, que comportará déficits materiales y complicaciones psicológicas en los trabajadores y en la ciudadanía. No sólo por la actual pandemia, sino que, a medida que avance el proceso disruptivo que anuncian la automatización, la robotización y las comunicaciones 5G, será ineludible la ampliación y la mejora de los servicios sociales y asistenciales.
El sistema productivo, en proceso de transformación, aumentará la productividad y los beneficios de las empresas, especialmente las TIC. Y se puede complicar hasta el absurdo a medida que la producción que decidían principalmente los servicios de ingeniería pasen a decidirla los servicios contables y a reducirse, cada vez más, la participación laboral de las personas, de los trabajadores.
En la medida que el Estado es el responsable de asegurar el bienestar general, se verá impelido a incrementar la tributación de los beneficios financieros y sus transacciones, la de las empresas tecnológicas, y también a combatir el fraude fiscal. La ruptura del contrato social tal como lo conocemos hará necesario un pacto global de reconstrucción, con una profunda reflexión y movilización del sindicalismo, la incorporación del empresariado y el impulso de los responsables políticos para un diálogo social amplio, que llegue al ámbito europeo e internacional.
Promover la justicia, la libertad, la seguridad, el bien común y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social son objetivos inexcusables.
