La tormentosa historia que vivimos en Cataluña desde la imputación por corrupción y caída en desgracia, en 2012, del “príncipe” Oriol, el heredero de la dinastía pujolista a la presidencia de la Generalitat, ha entrado en una nueva fase. De ser un problema interno de España, ha saltado, después de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, a la dimensión de la Unión Europea. Y con las instituciones comunitarias no hay “jugadas maestras”, ni “troleos”, ni “tsunamis” que valgan. Solo la ley y el reglamento.

¿Cuál es el nudo del conflicto catalán, si lo depuramos de toda la parafernalia que lo ha acompañado durante estos siete últimos años? Desde la óptica independentista, se trataba de conseguir que el Estado español aceptara, por la buenas o por las malas, la celebración de un referéndum vinculante en Cataluña para decidir la transformación de la comunidad autónoma en una república independiente.

Como que esto no es ni será posible –hace falta una reforma de la Constitución española que lo contemple y esto, objetivamente, es una quimera-, el embate de las fuerzas independentistas busca grietas y complicidades en la Unión Europea para poder persistir en esta estrategia. En un futuro, se trataría que el Tribunal de Luxemburgo reconozca que Cataluña tiene derecho a la autodeterminación y que esta máxima instancia judicial comunitaria forzara al Estado español a permitir un referéndum de independencia vinculante en este rincón de la península Ibérica.

Cualquier jurista mínimamente formado e informado de cómo funciona la Unión Europea sabe que esta hipótesis es, sencillamente, inverosímil. Ni el Tribunal de Luxemburgo ni el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos avalarán nunca la escisión de una parte de un Estado miembro si, democráticamente, éste se opone. Por lo tanto, la vía catalana a la independencia, iniciada en 2012 para tapar los escándalos de corrupción del pujolismo, está condenada, desde el minuto 0, al fracaso más absoluto.

El mundo “indepe” está exultante después de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) de Luxemburgo sobre la cuestión prejudicial que formuló el Tribunal Supremo español en relación con la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras una vez fue elegido diputado en las elecciones europeas del pasado 26 de mayo. Esto, en realidad, afecta a un plazo de cuatro meses en la condena de 13 años de prisión y de inhabilitación a la cual ha sido sentenciado el líder de ERC: los que van entre el pasado 13 de junio (fecha de la proclamación de los resultados electorales) y el 14 de octubre (fecha de promulgación de la sentencia del 1-O).

El TJUE considera que Oriol Junqueras disfrutaba de inmunidad parlamentaria durante este periodo y, por lo tanto, se le tenía que haber facilitado el acceso al acta de eurodiputado. Para poder seguir el procedimiento judicial contra él, el Tribunal Supremo tendría que haber pedido un suplicatorio previo al Parlamento europeo para levantar su inmunidad. El razonamiento jurídico es impecable y garantista, en la mejor tradición del espíritu fundacional de la Unión Europea.

Por lo tanto, y en espera que el Tribunal Supremo estudie y adopte una decisión después de Reyes, lo más sensato y factible sería que Oriol Junqueras pueda salir en libertad mientras dura la tramitación del suplicatorio en el Parlamento europeo. La situación sería parecida a la de Carles Puigdemont y Toni Comín, que, a consecuencia de la sentencia del TJUE, ya han iniciado las gestiones para ser eurodiputados, pero que afrontarán, a buen seguro, el trance del suplicatorio por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1-O y la posterior proclamación de la falsa DUI.

La batalla jurídica y política de los independentistas catalanes ha escalado a la dimensión europea, sí, pero esto no juega necesariamente a favor de sus intereses a medio y a largo plazo, aunque la resolución del TJUE hecha pública el pasado jueves parezca indicar lo contrario. El Tribunal de Luxemburgo ni anula ni cuestiona la sentencia del 1-O. Solo abre la puerta para que Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Toni Comín puedan acceder a ser eurodiputados, ya que fueron escogidos en las urnas el 26 de mayo, pero pueden perder la inmunidad inherente al cargo si prosperan los suplicatorios que puedan presentar próximamente las autoridades judiciales españolas

¿Y qué pasa con el resto de condenados que tienen las penas más largas de prisión (Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva, Quim Forn, Jordi Turull y Josep Rull)? ¿Y qué pasa con los ex consejeros Lluís Puig i Clara Ponsatí, que tienen pendientes euroórdenes de extradición dictadas por el juez Pablo Llarena? La resolución del TJUE los deja fuera de cualquier tutela.

El juez Manuel Marchena se ha tragado el “sapo” del Tribunal de Luxemburgo, que él mismo promovió para curarse en salud, pero el aparato judicial español tiene todavía muchos y contundentes instrumentos a mano para continuar dando la batalla legal contra el movimiento secesionista en las instancias europeas. Y sabe, de entrada, que la “guerra” la tiene ganada: la Unión Europea no es ni la URSS ni Yugoslavia en estado de descomposición terminal y nunca aceptará una escisión interna de una región de un Estado miembro que amenace el proceso de integración y de armonización que está en marcha desde los Tratados de Roma, subscritos hace 62 años.

Este es el gran error del independentismo. Creer que su enemigo es España cuando, en realidad, lo es la lógica interna que da sentido a la existencia de la Unión Europea. La Unión Europea nunca promoverá ni avalará la Desunión Europea.

Personalmente, considero que todo lo que ha pasado en Cataluña desde el año 2012 es una desgracia. Pero nadie obligó a Oriol Pujol a ser un “chorizo”, lo decidió él solito. Me sabe mal que haya políticos en la cárcel y políticos que se han ido al extranjero. Me sabe mal el clima de crispación entre ‘indepes’ y no ‘indepes’ que se ha vivido en el Parlamento, en los ayuntamientos, en universidades, en muchas casas, en las calles… Me saben mal los episodios puntuales de violencia que todo esto ha provocado. Me sabe mal por las personas que han sufrido la respuesta policial y judicial, a veces extemporánea, a la ofensiva secesionista.

Todo esto ha hecho mucho daño al conjunto de la sociedad catalana, del cual tardaremos años a recuperarnos. ¿Y para qué? La Unión Europea no es, como creen erróneamente los independentistas, la puerta de salida a un futuro maravilloso. La Unión Europea es el final de la escapada.