Ya hace más de trece meses que la mayoría independentista nos hizo vivir en el Parlamento de Catalunya aquellas sesiones tan lamentables de los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2017. Según proclaman desde las trincheras del secesionismo, desde entonces Catalunya quedó "desconectada" de toda la legalidad del Estado de derecho democrático y social que es la España contemporánea, miembro de pleno derecho de la Unión Europea y de todo tipo de organismos internacionales. La realidad, sin embargo, es muy diferente: es Catalunya la que vive y sufre una desconexión real de ella misma; la Catalunya virtual, aquella que durante muchos ños nos han impuesto, ha topado con la cruda realidad de la sociedad catalana actual y ha quedado desconectada.

Más de 160.000 ciudadanos de Catalunya sufren las listas de espera de la sanidad pública catalana, que estos últimos años ha sufrido una caída del 27% en sus presupuestos y ha perdido la consideración de excelencia que había tenido. Debido a estos recortes presupuestarios tan duros, ahora nos faltan miles de profesionales sanitarios y doblamos ya la media española en la tasa de las listas de espera. Algo pareciendo pasa en el campo de la educación, con más de 20.000 alumnos obligados a estudiar en barracones, cómo ha pasado en los últimos años de caída constante de la inversión también en este sector.

Bien lejos de los sueños de una inexistente Catalunya virtual y mágica, de aquella república irreal que unos se afanan en defender en las calles sin ser conscientes de que no fue ni siquiera proclamada, la auténtica realidad de Catalunya es ahora una tragedia.

En la Cataluña real hay 388.344 ciudadanos en el paro y, algo que me parece todavía más grave, un tercio de ellos -es decir, cerca de 130.000- no perciben ninguna ayuda ni subsidio. En la Catalunya real hay un millón y medio de ciudadanos que sobreviven en riesgo real de pobreza. En la Catalunya real uno de cada tres menores de 16 años de edad crece y vive en situación de riesgo de pobreza.

Esta es la auténtica desconexión de Catalunya: la de un país real y concreto, con amplios sectores sociales golpeados con gran dureza por las consecuencias dramáticas de la crisis financiera y económica, y otro país inventado, simplemente mágico, que sólo existe en la imaginación delirante de algunos. Esta imaginación que ha confeccionado un relato y una hoja de ruta que no han tenido en cuenta la realidad terca y constante de una sociedad colapsada.

Este invierno en la Catalunya real cerca de 350.000 familias no tendrán recursos económicos suficientes para poder calentar sus hogares. A pesar de ello, como que esta realidad tan cruda y concreta no se aviene con la de aquella Catalunya virtual inventada por el relato del Gobierno de la Generalitat y de los medios de comunicación y propaganda a su servicio, no ha gastado el 40% de la partida presupuestaria consignada para intentar luchar contra la pobreza energética.

Los desahucios continúan, implacables e imparables. En la Catalunya real hay casi 4.000 cada año, a razón de más de diez desahucios diarios. Pero esto tampoco importa ni interesa en la Catalunya mágica: hace veinte años que el número de viviendas sociales está estancado. Del mismo modo que, mira por dónde, con una Catalunya real socialmente tan estresada y colapsada, el Gobierno de la Generalitat, instalado permanentemente en su Catalunya irreal e inventada, sólo ha otorgado a cerca de 5.000 ciudadanos la renta garantizada de ciudadanía, que aun así ha sido denegada a unas 70.000 personas que también la habían solicitado.

La Catalunya real ha desconectado de la Catalunya oficial e institucional, ensimismada permanentemente en su interminable e insoportable discurso irreal y mágico, un soliloquio solipsista que parece no tener fin. La inversión extranjera en Catalunya ha caído un 41%, mientras ha crecido en el conjunto de España, especialmente en Madrid y también en Valencia. Por si no hubiera bastante, durante estos trece últimos meses han trasladado su sede social o fiscal casi 4.000 empresas -en concreto 3.854, según informan los registradores de la propiedad, a pesar de que el Gobierno de la Generalitat dice que sólo han sido 2.500, como si se vanagloriase de ello.

Un día u otro, más pronto o más tarde -y mejor que sea muy pronto-, alguien tendrá que comparecer y rendir cuentas públicamente ante la Catalunya real. Porque todo tiene un límite, y aquí este límite ha sido superado con creces.