A las izquierdas de este país siempre les ha hecho un poco de cosita defender las leyes. Las han considerado una cosa rancia protegida por gente casposa. Así hemos llegado al punto que un partido heredero de aquella Alianza Popular que permitió que cinco de sus diputados votaran contra la Constitución, se proclame su máximo adalid, o que Míriam Nogueras, diputada del que hoy es el PDECat, ayer Convergència y mañana Dios dirá, se calce su estupendísimo abrigo Moncler Orophin de 1.100 euros –modelito que comparte con la consejera Elsa Artadi- para permitirse decir que "aquellos que se llenan la boca de constitucionalismo no han leído las sentencias del Tribunal Constitucional".

Habla del mismo Tribunal que los independentistas ignoraban por considerarlo ilegítimo, de la misma Constitución que intentaron derogar con la aprobación de la llamada Ley de Transitoriedad, de la misma normativa y la misma instancia a la que el huido Puigdemont ha recurrido para denunciar a sus compañeros de ERC por retirarle la delegación de voto.

Las leyes, incluso las que no nos gustan, dibujan un cierto campo de juego; incluyen nuestros derechos y nuestras obligaciones y no son el menú de un restaurante, donde elegimos lo que nos gusta e ignoramos el resto.

De haberlas defendido, seguramente nos habríamos evitado vergüenzas como ver a Raül Romeva pasear su pomposo título de consejero de asuntos extranjeros por la televisión británica sosteniendo que la independencia sería tan inocua que, incluso, se podría mantener la nacionalidad española, porque la Constitución dice que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.

Es cierto, lo recoge el punto 2 de su artículo undécimo, del mismo modo que el artículo segundo afirma que "la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española" y el octavo que son las fuerzas armadas las que tienen la misión de garantizar la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Visto así, la desafortunada aplicación del artículo 155 parece un mal menor. Y que nadie interprete mal, esto no es una defensa de su uso, es una defensa de la política, del acuerdo y del diálogo. Tres conceptos que desgraciadamente van de fracaso en fracaso y que hay que reivindicar más que nunca.

Muy probablemente, defender la Constitución nos habría evitado que un presidente de la Generalitat degradara su cargo en una radio española diciendo a su entrevistador que "si usted me habla de leyes, pues no nos entenderemos", momentos antes de preguntar ¿por qué es posible un referéndum en Escocia y no en Catalunya?. Obviando que difícilmente se puede aplicar a España el régimen jurídico británico y que, muy probablemente, los que se tendrían que interrogar sobre el tema son los irlandeses, que no sólo no han tenido ningún referéndum, sino que han visto suspendida su autonomía cuatro veces en veinte años.

Un presidente que asegura sin rubor que la democracia está por encima de la norma,y no ve que son precisamente las leyes las que podrán parar el 155 eterno con que amenaza la derecha españolista si llega al poder. Una derecha que ha dado carta de naturaleza al neofascismo, y a la que el nacionalismo catalán da vida dejando caer al único de todos los gobiernos posibles dispuesto a escucharlo. Un presidente que olvida las décadas de los años 20 y 30 del siglo XX, cuando el fustigamiento continuado a unas democracias débiles con el argumento de que hay cosas como los pueblos, que son tan grandes que están por encima de la ley, abrió de par en par las puertas al totalitarismo y la barbarie en Europa.

Sin leyes no es posible la democracia. Y si las leyes son injustas tenemos, no ya el derecho, sino la obligación, de cambiarlas de forma que sean aceptables por el conjunto de la sociedad. No sólo por una parte. Lo contrario es imposición y despotismo. La excusa para permitir que unos pocos decidan por todo el mundo.

Buscar una justicia a la carta, despreciar la legislación que nos hemos dado entre todos, u obviarla en nombre de supuestos valores superiores, no es otra cosa que imponer la voluntad del más fuerte. Las leyes protegen, ni que sea de forma insuficiente, a los débiles. Y en este mundo donde las diferencias sociales crecen cada día más, los débiles son aquellos que no se pueden gastar 1.100 euros en un abrigo cuqui.