Los servidores públicos, al servicio de la Administración Pública, deben realizar una actividad de interés general, prestar servicios a todos los ciudadanos y demostrar neutralidad política. En la Generalitat de Catalunya es obvio de que esto no es así y no a causa de los funcionarios, sino de los políticos que la han gobernado y lo siguen haciendo.

En algunas sesiones del juicio que transcurre en el Supremo, ofrecido en directo, hemos tenido ocasión de escuchar declaraciones de algunos trabajadores y proveedores, los que se encargaron tareas para el desarrollo del referéndum ilegal del 1-O de 2017. Es fácil imaginar que muchos se vieron impelidos por sus propios jefes a ser colaboradores necesarios para la realización de actividades claramente ilegales. Trabajadores contratados de forma precaria, funcionarios que arriesgan su propia carrera profesional y proveedores que corren el riesgo de no recibir más pedidos, declaran en el Supremo manteniendo una posición que o parece ambigua o nos desconcierta.

Algunos testigos de la guardia civil coinciden en afirmar que el comportamiento de los Mossos para controlar las concentraciones ante las actuaciones judiciales o en el día del referéndum fue de pasividad, pero actuaron profesionalmente con posterioridad a la DUI. Es decir, cuando les cambiaron los jefes.

Es difícil imaginar que los gobiernos de CIU, que han gobernado la Generalitat gran parte de la época democrática y durante la cual muchos responsables políticos y el partido en el poder se han beneficiado de las empresas contratadas, no hayan tenido influencia en el comportamiento de los trabajadores: Sea en forma de participación activa, o de silencios disimulados. No hay que olvidar que el presidente que ha gobernado en Catalunya más años, Jordi Pujol, está imputado por corrupción junto al resto de su familia. A su delfín Oriol Pujol que por puro nepotismo tenía que ser su sucesor, acaba de concedérsele el tercer grado después de permanecer en prisión unos meses. Artur Mas, exconsejero en varios ejecutivos de Jordi Pujol, también exPresidente ha estado imputado y deshabilitado para gobernar durante dos años por haber convocado un referéndum ilegal y su partido tuvo que disolverse a causa de los múltiples casos de corrupción. Su sucesor, Carles Puigdemont está huido a Bélgica, con graves acusaciones relacionadas con la desobediencia, malversación, sedición y rebelión. Su sucesor, Quim Torra, no se considera así mismo legítimo pero tiene sueldo asegurado para el resto de sus días.

Desde hace años, el Palacio de la Generalitat ha liderado un proceso de degradación creciente durante el cual hemos dejado de ser el motor de la economía española y somos la comunidad con más deuda a pesar de tener atribuciones fiscales elevadas. Desde la Generalitat se alienta a grupos violentos y se subvenciona a medios de comunicación y asociaciones cuyos fines promueven la destrucción del sistema, ejerciendo de verdaderos activistas de la división social.

El mayor centro de interés de nuestros gobernantes es alentar profusamente la realización de trabajos manuales de color amarillo, con materiales contaminantes, atados a farolas, barandillas y balcones como si fueran obras maestras. La degradación es tanta que las disputas de lo público giran en torno a si estos trabajos manuales con objetivos de consoladores políticos deben llenar hasta el hartazgo las oficinas y fachadas de nuestras instituciones públicas. Dicen que eso es libertad de expresión.

Sin embargo, la libertad de expresión ha de ser para los ciudadanos. Cuando la libertad de expresión se ejerce desde el poder para la consecución de objetivos partidistas, utilizando las instituciones públicas y se impone a los funcionarios y ciudadanos, se transforma en abuso de poder.

A nuestros gobernantes, su propia mediocridad les impide distinguir lo real de lo imaginario. Torra, no sólo comete fraude por ni siquiera intentar gobernar para lo que ha sido elegido al frente de una administración para ejercer determinadas competencias, también por el hecho de estar más interesado en desviar la atención hacia hechos intrascendentes y generar conflictos sociales y políticos en vez de resolverlos.

Ejercer la democracia es también ser responsables como ciudadanos de no perpetuar en el poder a quienes no merecen ejercerlo.