Yo manifiesto una profunda simpatía y empatía personal por los líderes independentistas juzgados y condenados por el Tribunal Supremo, algunos de los cuales conozco y he tratado en el pasado. Me sabe muy mal la situación de prisión por la que pasan desde hace dos años y el sufrimiento que viven sus familias, en especial aquellas que tienen niños pequeños. Quiero que aprovechen los beneficios penitenciarios que prevé la sentencia, que salgan a la calle, cuanto antes mejor, y rehagan sus vidas. Espero abrazarlos en un día no muy lejano.

Ahora bien, también me sabe mal que personas adultas y formadas intelectualmente hayan caído como pardillos en una estrategia diseñada, desde su inicio, para tapar los escándalos de corrupción de CiU y, de manera especial, para intentar salvar a Oriol Pujol de su implicación judicial en el caso de las ITV. Como he tenido ocasión de explicar en una conferencia que hice la semana pasada en Reus, invitado por los amigos del Club Còrtum (https://www.youtube.com/watch?v=rgss89pj1eo), el proceso independentista está relacionado directamente con el intento del “núcleo duro” del pujolismo para mantenerse en el poder, al precio que sea, ante la acción de la justicia contra sus enormes fechorías en la gestión del dinero público.

Lo relaté con pelos y señales en esta conferencia: la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía fue en 2010. Durante los años 2011 y 2012, el PP y CiU gobernaban en armonía en Madrid y Barcelona, apoyándose mutuamente para aprobar las leyes antisociales y aplicando los recortes presupuestarios. El proceso independentista arrancó, antes del verano del 2012, a raíz de la imputación de Oriol Pujol, que había sido designado y preparado concienzudamente, durante años, para devenir el heredero de la dinastía pujolista a la presidencia de la Generalitat, por su choriceo en el caso de las ITV.

Jordi Pujol consideró que la imputación de su hijo era una “jugada indigna” de Madrid y decidió desenterrar el hacha de guerra. Con un objetivo: enseñar los dientes, movilizando a las masas en la calle –como ya hizo con la querella de Banca Catalana- y conseguir que Oriol Pujol saliera indemne de este mal trance.

La jugada, de momento, le ha salido bastante bien. Oriol Pujol, el príncipe caído, ha sido condenado a 2,5 años, pero solo ha pasado 65 días en la cárcel. Y Jordi Pujol Ferrusola, el gran comisionista de Cataluña, campa libremente, después de haber pasado ocho meses encerrado en Soto del Real y haber pagado una fianza de solo 500.000 euros.

En cambio, los nueve líderes independentistas que –de manera consciente o inconsciente– dieron la cara para intentar salvar el culo de la familia Pujol, ya se han comido dos años de prisión y algunos tienen todavía un largo horizonte penal por delante. Triste, muy triste.

¿Qué pasará en Cataluña? La respuesta a esta pregunta la tiene ahora el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que concentra las investigaciones sobre la fortuna acumulada por el clan Pujol en paraísos fiscales y la trama del 3% de financiación ilegal de Convergència. En estos sumarios están imputados los nueve miembros de la familia Pujol y la crême de la crême de su gang corrupto (los Sumarroca, los Cornadó, Carles Vilarrubí...).

La estrategia que viviremos, en las próximas semanas y meses, será la misma: tensar y tensar el ambiente para crear un clima irrespirable –ahora, con la excusa de la sentencia del Tribunal Supremo– para forzar que el juez José de la Mata, de la Audiencia Nacional, se asuste, reflexione y dicte una sentencia benevolente con los Pujol y sus cómplices. De esto va el proceso que hemos sufrido y sufrimos los catalanes.