La profesión periodística es una de las grandes víctimas del proceso independentista. De un lado, porque un buen número de periodistas y creadores de opinión se han convertido en militantes -a favor o en contra-y han colaborado activamente a difundir las fake news y las burdas manipulaciones que, desde el principio, han acompañado la creación y crecimiento de esta burbuja que, en realidad, ha sido un bluf, como he ido advirtiendo reiteradamente desde EL TRIANGLE. 

Del otro, porque los periodistas hemos pagado el precio de la violencia desatada por unos y otros. Los informadores que trabajan a pie de calle para medios de comunicación considerados “unionistas”, en especial los que tienen su sede en Madrid, han sufrido un pressing inaceptable, con insultos y constantes boicots a su tarea. Y viceversa: los trabajadores de TV3 han sufrido acoso cuando se han desplazado a ámbitos hostiles al independentismo catalán. Penoso. 

A pesar de ir ataviados con chalecos identificativos, perfectamente visibles, unos cincuenta periodistas han sido víctimas de agresiones físicas por parte de las fuerzas policiales (Mossos de Escuadra y CNP) durante la semana de disturbios que se desataron después de la difusión de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O. Entre otros incidentes remarcables hay que señalar la detención, durante unas horas, del fotoperiodista Albert García, colaborador del diario El País

Los medios de comunicación públicos -hay que mencionar TV3 y Catalunya Ràdio, pero también TVE- se han abonado a promover la confrontación y el guerracivilismo en un conflicto político que necesita, antes que nada, de empatía y mutua comprensión para poder abordarlo con ecuanimidad y buscar su superación. Y muchos medios de comunicación privados se han dedicado a regar con gasolina las bajas pasiones que despierta la inflamación patriótica, sea rojigualda o estelada. 

Los casos del ABC, La Razón y El Mundo son paradigmáticos de la prensa madrileña incendiaria. Pero también hay que denunciar con contundencia la perversa utilización, desde hace décadas, de las subvenciones públicas y de la publicidad institucional de la Generalitat para intentar influir en la orientación de las empresas mediáticas catalanas, que han sido un factor clave para desencadenar y mantener viva la llama de este enfrentamiento, que ha acabado degenerando en aberrantes connotaciones étnicas y supremacistas por ambos lados. 

Las redes sociales también se han convertido en un infecto campo de batalla donde los que expresan sus opiniones reciben de lo lindo desde la trinchera de enfrente o de la de al lado, con frecuentes expresiones de odio y de violencia verbal. Podemos decir que el periodismo, totalmente mediatizado por intereses políticos, ha amplificado el conflicto y los periodistas hemos acabado siendo las víctimas. 

En esta hora tan triste para nuestra profesión, hay que subrayar que el periodismo forma parte fundamental del problema que se ha cronificado en Cataluña, pero que también tiene y es la solución: si los medios de comunicación y los periodistas de Cataluña y Madrid nos conjuramos para pacificar la sociedad y fomentar el diálogo y la convivencia a través de los medios de comunicación, a buen seguro que haríamos un gran servicio al país y dignificaríamos nuestra tarea y nuestra dimensión pública.