Entre enero de 2016 y mayo de 2019 se han registrado más de 700 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Los últimos fueron Rocío García, Leidy Burgos, Robert García y Henry Moncayo, líderes de la comunidad indígena Awá en Tumaco, al sur de Colombia. “Algo habrían hecho”, dirían algunos parafraseando la sentencia que justifica los crímenes de cientos de personas que han sido señaladas, a lo largo de los años, como comunistas, guerrilleros, socialistas, castristas, chavistas… todos ellos adjetivos suficientes para merecer, en Colombia, una condena a muerte.
Los adjetivos ideológicos ya aseguraban una muerte casi segura y un señalamiento en la mitad del siglo XX, cuando se iniciaba la Violencia en Colombia. Lo absolutamente macondiano es que hoy, en pleno siglo XXI y después de la firma de un Acuerdo de Paz, pensar diferente y pedir respeto por los derechos humanos y un poco de justicia social siga siendo un motivo suficiente para la aplicación de la ley del silencio, del terror, administrada de forma violenta por grupos armados que se encuentran no solamente al margen de la ley. A veces la ley y quienes la aplican en los territorios, las autoridades, decide también pasar por alto las denuncias, las amenazas, los avisos y las llamadas de atención de una ciudadanía otra vez silenciada, atemorizada y desprotegida. Como antes.
Las señales de alerta lanzadas por la Defensoría del Pueblo en los territorios colombianos sobre la situación de orden público en el país son preocupantes. Las cifras serían, en cualquier país del mundo, de escándalo. En Colombia, sin embargo, parecen no llamar la atención de nadie. En tan solo tres años y medio han sido asesinados 702 líderes sociales y defensores de derechos humanos, como Rocío, Leidy, Robert y Henry.
En el informe Todos los nombres, todos los rostros, publicado en mayo de 2019 por Indepaz, se da cuenta de las cifras de las víctimas y se hace evidente el escalamiento de los asesinatos selectivos a partir de 2016. Así, mientras en 2016 la cifra llegó hasta los 132, en 2017 los asesinatos ascendieron un 57 por ciento y alcanzaron las 208 bajas mortales. Aun así, los datos indican que en 2018 los asesinatos continuaron y se incrementaron en un 113 por ciento con respecto a 2016. El año anterior, en Colombia se asesinaron a 282 líderes sociales. En términos territoriales, los homicidios han sido cometidos, según el informe, en al menos 28 de los 32 departamentos que conforman la geografía colombiana.
Los asesinatos de líderes sociales han sido asociados, según el reporte de INDEPAZ y los datos del informe anual de derechos humanos en Colombia Violencia camuflada. La base social en riesgo, realizado por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), a la defensa de derechos fundamentales. De acuerdo con el reporte del CINEP, “los líderes comunales y cívicos ejercen exigibilidad de derechos en temas relativos a veedurías ciudadanas, restitución de tierras, defensa del agua y el medio ambiente, minería y megaproyectos extractivistas”. De hecho, la mayoría de las víctimas (51 por ciento) se corresponde con indígenas, campesinos y afrodescendientes, colectivos ligados, sobre todo, a las luchas por el control de la tierra. La tierra y su dominio, vuelve a ser un factor clave sin un actor armado estratégico como las FARC. Los nuevos movimientos de reacomodo geoestratégico para el control territorial de los mercados y tránsitos del narcotráfico son y serán la materia básica de las nuevas disputas, tal y como señalan diferentes expertos en el conflicto armado colombiano.
La situación de derechos humanos en Colombia, aun sin la principal guerrilla histórica en operación, continúa siendo alarmante. Decenas de defensoras de derechos humanos, mujeres, han denunciado amenazas contra su vida procedentes de grupos paramilitares; profesores y estudiantes universitarios han visto interrumpidas sus actividades dentro de un espacio abierto a los debates ideológicos; algunos generales han llegado a ordenar “hacer lo que sea” a sus subordinados para aumentar sus resultados “incluso si eso significaba aliarse con grupos criminales armados”, como informó The New York Times, y organizaciones internacionales como la Unión Europea y Naciones Unidas se han mostrado muy preocupadas por el aumento de los asesinatos de líderes sociales en el país.
El gobierno colombiano debe proteger a los líderes sociales y trabajar con ellos para garantizar el respeto de los derechos humanos en todo el territorio. Las cifras representan una situación que ningún país, en el siglo XXI, y sin conflicto armado, se puede permitir.
