El delito de cagarse en Dios

En el año 2014, tres mujeres salieron en procesión por las calles de Sevilla con una enorme vagina. La anécdota mereció un juicio y el juicio un comentario en Facebook del actor Willy Toledo, reconocido por sus excesos verbales: «Me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Madre de Dios». La escatológica ocurrencia ha merecido una denuncia por un «delito contra los sentimientos religiosos». Así, a Toledo se le acusa de haber faltado a Dios y a la Virgen. Ahora, si el juez lo estima oportuno, puede multar a Toledo por su afrenta, y si el actor, como ya avanzaba, se niega a pagar la multa, podría terminar en la cárcel. Todo ello, recordemos, por haberse cagado en Dios.

Sin entrar a valorar hiperventilaciones y sobreactuaciones variadas, el otro día, cuando observaba Toledo defendiéndose con la vehemencia habitual por la ridícula acusación de ofensas a los sentimientos religiosos, bajo el Cristo de la parroquia madrileña de San Carlos Borromeo -la iglesia ‘roja’ de Vallecas-, pensé: España debe funcionar como un reloj suizo para poder perder tiempo y energía en tonterías como la expuesta. Quizás tirando del hilo de estos y otros excesos judiciales podríamos entender el origen de la endémica lentitud de la justicia española.

Como decía aquel, «la justicia lenta no es justicia», y España, salvo contadas excepcionalidades -como el sprint independentista…-, cangrejea judicialmente hablando. Hay juzgados señalando juicios más allá del 2020. Y los ciudadanos creen que, además de lenta, la justicia española está politizada. El 56% de los españoles, según el informe sobre los indicadores de la justicia en la UE, tienen una opinión mala o muy mala sobre la independencia de los jueces, desconfianza que argumentan sobre todo por supuestas presiones políticas y económicas.

España tiene unos 5.800 jueces, 5.500 de ellos en activo. Son 12’5 por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 21’6 de media de la UE. Los expertos coinciden en que aumentar la planta judicial es necesario, pero añaden que no es suficiente; que de nada sirve poner 4.000 o 5.000 jueces más en el país si esto no va acompañado de otros mecanismos que dejen atrás el viejo modelo organizativo del siglo XIX.

No perseguir personajes como Toledo por haberse cagado en Dios o a raperos por impertinentes que sean las letras de sus canciones sería, en parte, una manera de racionalizar la justicia. Esto sin entrar en los usos y abusos que representan figuras jurídicas como las prisiones preventivas, ahora tan de moda en la espriuenca piel de toro. El Alto Comisariado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha alertado al Estado español que la prisión preventiva debería ser «una medida de último recurso» y no la práctica habitual en que se ha convertido; que se lo pregunten sino a Jordi Cuixart y al resto de encarcelados por el 1 de octubre, o al ex presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, que lleva un año enjaulado y a la espera de juicio.

Seamos católicos o ateos, melómanos o inarmónicos, independentistas o unionistas, culés o madridista, la justicia debería huir por piernas de prácticas inmorales. La justicia no debería ser un cachondeo (aquel que denunciaba Pacheco…). Y, especialmente, la justicia no debería ser injusta y, en este escrito, describo algunos ejemplos de ello, de lo que no debería ser.

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