A principios de 1985, el Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez de la Frontera abrió diligencias contra el alcalde del municipio Pedro Pacheco, por afirmar que "la justicia es un cachondeo". Fue después de conocer la decisión judicial de suspender el derribo del chalet del cantante Bertín Osborne. Probablemente Pacheco pasará a la historia por esa frase y poco más. De la noche a la mañana, el político saltó a la fama y ahora, treinta y cuatro años después, todavía es ocurrente referirse a él cuando se quiere aludir a deficiencias judiciales. Estos días, con la cantinela del juicio del proceso de fondo, como si se tratara de los niños de San Ildefonso cantando la lotería de Navidad, la ocurrencia de Pacheco adquiere una extraordinaria vigencia.

El caso de quien fuera presidente del FC Barcelona, ​​Sandro Rosell, es también un buen ejemplo. El hombre, junto con su socio Joan Besolí, está siendo juzgado acusado de blanqueo de capital y organización criminal. Hasta la fecha, lleva unos 22 meses de prisión provisional, sin sentencia. Hasta una docena de veces se le había denegado hasta el momento la libertad; la cifra más elevada hasta ahora en España por un presunto delito económico. Curiosamente, los acusados ​​comenzaron la semana con un elevado riesgo de fuga y el miércoles, como por arte de magia, 22 meses después de su encarcelamiento, los riesgos habían desaparecido y podrán permanecer libre, al menos hasta que haya una sentencia condenatoria.

Ya cuestionaba en un anterior artículo el abuso de la prisión preventiva, e insistiré. Decía entonces y reitero ahora que me parece desproporcionado el uso que de esta prerrogativa se está haciendo en España. Entiendo que era y es del todo prescindible la prisión por adelantado en el caso de los políticos catalanes encarcelados por el caso del referéndum del 1 de octubre. Así, aunque en este y otros casos llegamos tarde, sería bueno que el sistema revisara una prisión preventiva que, haciendo un uso arbitrario, deviene perversa. Todo ello sin querer entrar ni entonces ni ahora en una arriesgada comparativa con otros casos coetáneos, como el de La Manada, en el que la arbitrariedad judicial se pone aún más de relieve.

Rosell también es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer. Al margen de que sea o no culpable, una decisión que deberá discernir el juez correspondiente, sin sentencia sobre la mesa, el ex presidente del Barça y su socio han sido privados de libertad cerca de dos años. Han reclamado más de doce veces una libertad que nunca hasta ahora fue atendida favorablemente. Una privación que, tratándose de un delito económico y no de sangre, aun se hace más escandalosa. Intenta ahora la judicatura corregir una clamorosa injusticia. Al margen de que llegue tarde y mal, estaría bien que la misma corrección fuera adoptada también en el juicio de los políticos independentistas y en otros casos similares.