En el Estatuto de Autonomía de Catalunya y eb la Constitución española se dispone que los poderes públicos tienen que promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas y tienen que facilitar la participación de todas las personas en la vida política, económica, cultural y social. El Estatuto también establece que los poderes públicos tienen que velar por la dignidad, la seguridad y la protección integral de las personas, especialmente las más vulnerables. La defensa de la equidad es el fundamento ético común de los textos estatutario y constitucional.
La Generalitat de Catalunya dispone de competencias en materia de servicios sociales y de atención a las personas discapacitadas, a pesar de los problemas de financiación con el Estado. Hay tres leyes fundamentales en el marco jurídico que regulan esta materia: la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, de alcance estatal; la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales, y la Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad. ¿Cuál es, sin embargo, el cumplimiento efectivo de los diversos derechos y servicios sociales esenciales?
El pasado mes de septiembre, dos años después de implementarse la renta garantizada de ciudadanía (RGC), las entidades instaron al gobierno a aprobar ya el reglamento, afirmando que era totalmente necesario para poder flexibilizar la normativa e incluir perfiles de personas que ahora están excluidas. Es el caso de los trabajadores a tiempo parcial o los que trabajan a tiempo completo de manera esporádica y, aún así, no reciben ingresos ni estabilidad suficiente para salir de la pobreza; víctimas de violencia machista, jóvenes extutelados o personas sin hogar son colectivos sociales que en la aprobación del reglamento no tendrían que quedar fuera de la renta garantizada de ciudadanía.
Más grave todavía es la denuncia del Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacitado (Cocarmi), que representa a más de 570.000 personas con discapacidades en Catalunya, que el 30 de octubre manifestaba en su cuenta de Twitter, en relación con la Ley 13/2014, de accesibilidad, la preocupación por el hecho de que el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacitado sigue igual que en 2014, y argumentaba que el reglamento de una ley que entró en vigor en 2014 se habría tenido que aprobar en 2016, para desarrollarla.
¿Por qué los políticos ponen plazos a las leyes que después incumplen? La ley de accesibilidad, tal como denuncia el Cocarmi, se ha convertido en papel mojado para las 570.000 personas con discapacidad en Catalunya, puesto que no pueden ejercer sus derechos. Igualmente, la entidad insta al gobierno y a los grupos parlamentarios a destinar los recursos humanos y económicos necesarios para el cumplimiento de lo que determina la ley de accesibilidad. En la misma línea, el 18 de noviembre se creó la mesa unitaria en defensa del sector social para acabar con la infrafinanciación y para luchar por un trabajo de calidad.
El tercer sector, los sindicatos, las patronales y los colegios profesionales se han unido para denunciar la carencia de financiación que sufre el colectivo desde hace más de 10 años y para reclamar al gobierno unos nuevos presupuestos que prioricen las políticas sociales y garanticen la inversión suficiente para poderlas llevar a cabo. En los presupuestos se tendría que incrementar el gasto en el tercer sector del 0,5% actual hasta el 2% del PIB, así como equipararla con la inversión de los países del entorno, para que el sector social y de atención a las personas se convietea en un pilar fundamental y estratégico del Estado del bienestar, conjuntamente con el de la salud y la educación. Mediante la creación de la mesa unitaria en defensa del sector social, tal como ya pasó anteriormente con la comunidad educativa o con la sanidad, también se denuncia el bloqueo político actual.
A menudo, el llamamiento a debilitar al Estado sólo consigue debilitar todavía más a nuestras administraciones públicas. Pero la vida política de cualquier país radica en buena medida en sus instituciones democráticas, sin las que no puede haber política ni tampoco ninguna garantía de cumplimiento de los derechos sociales de la ciudadanía.
