Más de diez años antes de la muerte del dictador Francisco Franco en Madrid, en 1965, en París, las Editions Sociales publicaron un pequeño libro de Santiago Carrillo, que desde su exilio semiclandestino en la capital francesa hacía años que era el secretario general del Partido Comunista de España (PCE). Aquel libro llevaba un título: "Después de Franco, ¿qué?". No sé cuál fue la tirada de aquel libro pero sí sé que se habló mucho de él, obviamente en España a pesar de que sólo pudo circular de manera clandestina, y también en el extranjero, no sólo entre los todavía bastante numerosos miembros del exilio español. Se trataba de la ampliación del informe presentado por el mismo Carrillo al séptimo congreso del PCE, celebrado naturalmente en el exilio. Cuatro años después, otro miembro del movimiento antifranquista, el exfalangista y entonces notorio socialdemócrata Dionisio Ridruejo, se hacía la misma pregunta en inglés en un artículo publicado en The Atlantic, "After Franco, what?". Entre el Ridruejo de 1961 y el Carrillo de 1965, otro antiguo franquista como el abad de Montserrat, Aureli Escarré, que desde hacía también algunos años se había pasado a las filas del antifranquismo desde posiciones catalanistas moderadas, le confesaba en febrero de 1963 al cónsul general de los Estados Unidos en Barcelona, David Fritzland, que "mientras Franco sea la cabeza de Estado no será posible ninguna reforma política sustancial en España".

Marcadas todas las distancias debidas, quizás ha llegado la hora de plantearnos ya, sobre todo en Catalunya pero también en el conjunto de las Españas, otra pregunta: "Después del juicio, ¿qué?". Evidentemente me refiero al juicio, ahora ya en fase oral en el Tribunal Supremo, al llamado "proceso de transición nacional". Este proceso al proceso, en todo su lento pero imparable desarrollo y especialmente en su sentencia, marcará de una manera muy clara un antes y un después en la historia contemporánea de nuestro país, muy en concreto de Catalunya pero también del resto de España. Quizás con tanta trascendencia como las elecciones generales convocadas de forma anticipada para el próximo día 28 de abril, la sentencia final del Tribunal Supremo en este caso -incluso si hay, como todo hace prever, algunos recursos presentados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos- marcará un hito histórico.

Sin prejuzgar nada, por ahora parece imposible que el Supremo absuelva de todas las acusaciones a todos los dirigentes políticos y sociales secesionistas que estos días se sientan en el banquillo de los acusados en este juicio y que hace ya demasiados meses que permanecen en una situación de prisión preventiva que no sólo me parece incomprensible, sino que considero injusta e injustificada, a pesar de que hay juristas que aducen como supuesta excusa la fuga al extranjero del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros destacados dirigentes separatistas. Parece evidente que todos o casi todos los acusados hicieron actos públicos y notorios con los cuales desobedecieron de forma reiterada varias resoluciones del Tribunal Constitucional. Habrá que comprobar hasta qué punto hay pruebas fehacientes y concluyentes de la comisión de otros delitos, como por ejemplo el de malversación de caudales públicos y sobre todo los de rebelión o sedición, o quizás los de conspiración para la rebelión o para la sedición.

Sea como fuere, me parece absurdo e ilusorio plantear la posibilidad de la absolución completa de todos los acusados. Me parece tan absurdo e ilusorio plantear esta posibilidad como lo era pensar que, una vez muerto el dictador Francisco Franco, su régimen fascista y nacional-católico, impuesto por la fuerza de las armas desde el triunfo en 1939 del golpe de estado militar del 18 de julio del 1936 y toda la incivil guerra civil posterior perpetuada por su dictadura, desaparecería sin más ni más, como por arte de magia.

La tentación de los sectores más radicales y extremistas de este grave conflicto político e institucional, tanto en Catalunya como el resto de las Españas, será muy grande, una vez onozcamos la sentencia del Tribunal Supremo. Está bastante claro que las cosas pueden ser sustancialmente diferentes según quien mande entonces en el Gobierno de España: por mucho que los secesionistas más extremistas quieran hacernos creer que en España no hay ningún tipo de diferencia entre las derechas y las izquierdas, no será la misma la reacción de un Gobierno progresista presidido por el socialista Pedro Sanchez con el apoyo de UP y otras fuerzas, que la respuesta de un Gobierno de la derecha y la ultraderecha sea quien pueda ser su posible presidente, Pablo Casado o Albert Rivera, con o sin el apoyo parlamentario de Vox y su líder Santiago Abascal.

Sea cual sea la sentencia, como país nos habrá llegado la hora decisiva de la moderación, el diálogo y la concordia. Cómo pasó en 1975 y en los años posteriores, habrá llegado la hora de la reconciliación nacional. Especialmente en Catalunya pero también en todo las Españas.