Cataluña es un país pequeño, pero que cuenta con una gran diversidad ecológica y paisajística. Esto hace que la gestión del territorio deba hacerse de manera muy cuidadosa para no destrozar nuestro delicado ecosistema, especialmente amenazado por los estragos del cambio climático.
La consejería de Territorio y Sostenibilidad es la encargada de velar por el mantenimiento de este frágil equilibrio. Pero su titular, Damià Calvet, lleva una política errática y contradictoria que es altamente contraproducente para la deseada y necesaria armonía entre la naturaleza, las actividades humanas y la implantación de nuevas infraestructuras y construcciones.
Por un lado, hizo aprobar, el pasado mas de junio, la polémica Agencia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (APNB), que ha provocado una sonora protesta protagonizada por los propietarios forestales, los pequeños ayuntamientos, los ganaderos.., que se quejan del excesivo intervencionismo proteccionista del centralismo barcelonés, desconectado del latido de las zonas rurales del país.
Esta revuelta –conocida como el tsunami rural– se produjo, precisamente, en las comarcas donde la antigua Convergència tenía, históricamente, un importante granero electoral. La oposición a la APNB promovida por el consejero Damià Calvet se ha traducido en la vertebración del Movimiento País Rural, que lidera el ex alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal.
Pero, en flagrante contradicción con estas medidas fuertemente proteccionistas del medio ambiente, el consejero Damià Calvet promueve, a la vez, la transformación de la Cuenca de Òdena (Anoia) en un inmenso polígono industrial, sin ningún tipo de respeto por el paisaje ni por los usos agrícolas y de ocio ciudadano que tiene la zona afectada. Aprovechando el trastorno provocado por la covid-19, el consejero de Territorio y Sostenibilidad procedió a la aprobación inicial del Plan director urbanístico de actividad económica de la Cuenca de Òdena (PDUAECO), ante la sorpresa y la indignación de los vecinos de las poblaciones concernidas, que no sabían nada.
En síntesis, el PDUAECO prevé la recalificación masiva de suelo no urbanizable en industrial y de equipamientos para crear una corona de nuevos polígonos que rodeará y ahogará a los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena y Jorba. Si se llegara a implementar, estas poblaciones perderían su pulmón natural y quedarían colapsadas.
La comarca del Anoia ya dispone, en la actualidad, de varios polígonos industriales. Desgraciadamente, están medio vacíos, como ocurre en toda Cataluña, y esto contribuye a la existencia de un alto índice de paro. Por esta circunstancia, todavía se entiende menos la obsesión del consejero Damià Calvet de multiplicar exponencialmente la oferta de suelo industrial en esta zona, con el sacrificio de campos de cultivo y de espacios utilizados para el solaz de los vecinos.
El departamento de Territorio y Sostenibilidad ya hace años que castiga con saña y destroza con sus decisiones esta comarca de Cataluña. No solo la quiere convertir ahora en un enorme polígono industrial, carente de cualquier lógica empresarial y de coherencia ambiental y territorial. Los antecesores de Damià Calvet en el cargo han implantado en el Anoia el mayor vertedero de residuos urbanos de Cataluña, en el municipio de Hostalets de Pierola; un enorme vertedero de residuos tóxicos y químicos en Castellolí; y un vertedero de residuos inertes en Pujalt, que actualmente está en fase de ampliación para duplicar su capacidad.
¿Por qué la Generalitat tiene este odio enfermizo contra la comarca del Anoia y sus habitantes? Es hiriente, inexplicable e injusto. Para más inri, el servicio de tren que une Igualada con Barcelona, titularidad de Ferrocarriles de la Generalitat, es de vía única y circula con una lentitud exasperante, como la de hace 50 años, cosa que lo hace totalmente obsoleto.
Damià Calvet tiene 52 años, pero ya es un gato viejo en el departamento de Territorio y Sostenibilidad, donde ha ejercido diferentes cargos desde el año 1997, hasta que fue nombrado consejero en 2018. Por lo tanto, ha estado durante años en la zona cero de la corrupción del 3% de Convergència Democrática, a pesar de que no se ha visto imputado por las investigaciones judiciales de la Audiencia Nacional.
También ha rozado la corrupción en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, donde ejerció el cargo de teniente de alcalde de Urbanismo, Economía y Hacienda y protagonizó agrias polémicas con las entidades vecinales y la oposición por controvertidas decisiones urbanísticas descaradamente parciales y anómalas. En la actualidad, hay una investigación judicial en marcha sobre la gestión económica de la última etapa del Ayuntamiento de Sant Cugat, de la cual él era responsable.
Damià Calvet también tendrá que dar explicaciones en el Parlamento por su nefasta gestión de los terrenos de Port Aventura, donde está prevista la construcción del complejo de casinos y hoteles de la multinacional Hard Rock. Se ha descubierto que el Incasòl, organismo dependiente de Territorio y Sostenibilidad, ha comprometido el adelanto del pago de 96 millones de euros por esta parcela por cuenta de Hard Rock, a pesar de que no está nada claro que el proyecto se acabe realizando.
Con estos antecedentes, es lícito preguntarse qué intereses inconfesables se esconden detrás de la recalificación masiva de terrenos en la Cuenca de Òdena, iniciada de tapadillo en plena pandemia. Por cierto, Damià Calvet es uno de los consejeros de la Generalitat que ha abandonado el PDECat y se ha pasado al nuevo partido que lidera Carles Puigdemont, donde se postula como un serio aspirante a ser el “candidato efectivo” en las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña.
El único consuelo es que, después de que la sociedad catalana se exprese en las urnas, Damià Calvet tenga que abandonar el departamento de Territorio y Sostenibilidad con el rabo entre las piernas y los vecinos del Anoia puedan respirar en paz y tranquilidad.
