Este verano he estado un mes en Cuba. Una Cuba diferente de la que vi en agosto de 1989, hace 30 años, en un viaje turístico organizado y en grupo. Ahora hemos ido por nuestra cuenta, en coche y sólos, recorriendo casi todas las grandes ciudades cubanas -La Habana, Santiago, Holguín, Camagüey, Trinidad, Cienfuegos, Pinar del Río, Viñales, Cojímar, Ciego de Ávila, Santa Clara…- y sus alrededores.
Más allá de sus paradisíacas playas caribeñas, de la belleza de sus ciudades llenas de monumentos y edificios coloniales, de la exuberancia y diversidad de su paisaje tropical, e incluso más allá del carácter empático y vital de una ciudadanía que tiene tantos y tantos motivos para quejarse de todo, lo que me ha impresionado más de la Cuba actual, la que hace ya más de 60 años que vio y vivió la llegada triunfal a La Habana de los guerrileros liderados por Fidel Castro y desde entonces ha vivido siempre en el régimen castrista, es la sorpresiva existencia, en una sociedad en teoría comunista, de un gran conflicto de clases, de una guerra de clases a punto de estallar.
Aquella Revolución cubana tan mitificada por muchas izquierdas europeas y latinoamericanas se convirtió pronto en un régimen dictatorial. Cómo cualquier otro régimen comunista, claro está. A pesar de que la estupidez política de los sucesivos gobiernos de Estados Unidos con su bloqueo injusto, injustificado y tan lesivo para los intereses de la ciudadanía cubana -cuando menos hasta el inicio del desbloqueo por parte de Barack Obama, roto de forma abrupta por Donald Trump- ha abastecido de excusas a los gobiernos cubanos para no llevar a cabo ningún cambio sustancial no sólo políticamente e institucionalmente sino tampoco económicamente. Más allá del bloqueo, los ataques militares como el de bahía Cochinos de 1961, la crisis de los misiles de 1962, los intentos de asesinato de Fidel y los atentados terroristas contra intereses cubanos han contribuido a justificar el bloqueo político, institucional, económico, cultural y social de Cuba durante más de 60 años.
Fidel Castro, y con él la gerontocracia de los veteranos dirigentes guerrilleros liderada por su hermano Raúl, no atendió ni las recomendaciones de Mikhaïl Gorbachov ante el inminente derrumbe del imperio soviético. Sometieron al pueblo cubano a una década terrible de miseria, la del periodo especial de la década de los 90 del siglo pasado, y ni la pérdida definitiva del gran apoyo económico del bloque soviético, ni la ahora previsible pérdida de ayuda de la Venezuela bolivariana de Maduro, han hecho que los hermanos Castro -Fidel hasta el 2008 y Raúl hasta el 2018- se desviaran de su ortodoxia, incluso después de comprobar la pertinaz insistencia en sus errores. Ahora, el presidente Miguel Díaz-Canel -un dirigente comunista leal siempre a Castro y a la vieja guardia, pero que tiene 59 años de edad- se enfrenta a un reto muy difícil de resolver. Un reto político e institucional, pero sobre todo económico.
Con unos 11 millones de habitantes, en Cuba hay más de 600.000 cuentapropistas o trabajadores por cuenta propia -el 17% de los ocupados. Son taxistas o chóferes privados, pequeños comerciantes, propietarios de bares o de restaurantes privados o paladares , arrendadores de habitaciones para turistas en sus domicilios, propietarios de peluquerías, empleados domésticos … Sólo ellos tienen acceso a los pesos convertibles o CUC; el resto sólo tienen pesos cubanos o CUP. Cómo si no hubiera suficiente con el disparate económico que es querer que en un mismo país coexistan dos monedas de uso solamente interno y con un cambio oficial ficticio, ahora hay en Cuba un conflicto de clases latente. Lo ha provocado la aparición de una nueva clase media, emergente, creciendo y cada vez más potente, que disfruta de unos ingresos económicos muy superiores a los del resto de la ciudadanía.
En Cuba hay unos salarios de auténtica miseria de los empleados del Estado -el 75% de la población-, que van de los 10 a los 120 euros al mes -¡sí, al mes! Esto hace que cualquier cuentapropista, por modestos que sean sus ingresos, gane muchísimo más que cualquier empleado del Estado. Y genera una oleada creciente de consumismo por parte de esta nueva clase media, y a la vez da pie al mercado negro o estraperlo, basado en el hurto a empresas del Estado. Un Estado que casi no recibe más divisas que las del turismo, un sector ahora en crisis por las nuevas sanciones impuestas por Trump.
