La respuesta de Pedro Sánchez ha sido rápida. Como no podía ser de otra manera. Después de cuatro años instalados en la provisionalidad, España necesita un gobierno estable y unos presupuestos nuevos para el próximo año, como exige la Unión Europea. 

El hecho más grave que se ha producido en España desde la transición democrática, culminada con la Constitución del 1978, ha sido el estallido de la corrupción política, que tiene su máximo paradigma en la trama Gürtel, pero que ha hecho metástasis en todos los partidos y en todas las comunidades, con especial incidencia en Cataluña. La corrupción, y esto lo saben muy bien en Italia –que ha sufrido, durante años, una infiltración criminal mafiosa en las estructuras del gobierno- es el principal enemigo de la democracia.

No lo olvidemos: la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional sobre la pieza principal del caso Gürtel fue el “click” que desató, en 2018, la exitosa moción de censura de Pedro Sánchez, que echó a Mariano Rajoy del poder. 

Después de las elecciones del pasado 28 de abril, Pedro Sánchez podría haber formado gobierno, a partir de una alianza con Unidas Podemos (UP) y el apoyo de los partidos nacionalistas/independentistas periféricos. Pero una prevista sentencia judicial -en este caso, la del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista catalán- frenó al líder socialista. 

Si hubiera formado gobierno con el apoyo de estas fuerzas políticas parlamentarias, difícilmente habría aguantado el impacto de la protesta desatada en Cataluña después de la publicación de la sentencia del 1-O, el pasado 14 de octubre. Este primer gobierno PSOE-UP habría saltado por los aires, provocando una gravísima situación de inestabilidad que, objetivamente, comprometía el futuro político de Pedro Sánchez. 

En realidad, las urnas del 28-A abrieron la puerta a un gobierno PSOE-Ciudadanos (ambos sumaban mayoría absoluta). Pero la increíble miopía política de Albert Rivera, que ya no se sumó a la operación de la moción de censura y escoró el partido hacia posiciones muy extremistas con el objetivo de comerse al PP, lo abortó. Este colosal error político ha provocado que, en las elecciones del pasado 10-N, Ciudadanos haya sufrido un espectacular desplome y que Albert Rivera haya dimitido. 

Fracasada, por voluntad de Pedro Sánchez, la primera negociación con UP –el calendario no lo aconsejaba- forzó la celebración de nuevas elecciones. El momento de hacerlas tenía que ser una vez pasada la sentencia del 1-O, en la cual el Tribunal Supremo asumió las tesis de la abogacía del Estado (sedición, no rebelión), hecho que, en la práctica, comportará la salida escalonada, en los próximos meses, de los políticos independentistas encarcelados. 

Además, había que afrontar la inevitable respuesta del independentismo a la sentencia. Con un gobierno en funciones, y sin necesidad de rendir cuentas en el Congreso, era más fácil de abordar esta previsible situación de crispación en las calles. A la hora de la verdad –y más allá de los aparatosos disturbios de Urquinaona y de los episódicos cortes de carreteras promovidos por el Tsunami y los CDR-, ha sido una tormenta en un vaso de agua

De las urnas del 10-N también salió una hipotética alianza PSOE-PP, que suma una aplastante mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. Esta fórmula de grosse koalition –que garantiza un gobierno fuerte y con gran capacidad ejecutiva- es la que funciona con éxito en Alemania desde el 2013. Además, el gran crecimiento del fenómeno Vox (15% de los votos) ha ayudado a centrar al PP, que se ha podido desprender del voto más facha que se escondía bajo sus siglas. 

Pero la sociedad española todavía no está madura políticamente para asimilar un gobierno de coalición de amplio espectro como el del PSOE-PP. De hecho, desde el año 1977, todos los gobiernos que ha tenido España han sido monocolores y esta vez, con el pacto PSOE-UP, será la primera coalición que tendremos. 

Además, una negociación PSOE-PP para formar gobierno habría sido muy larga y compleja y, difícilmente, Pedro Sánchez habría obtenido la comprensión y el apoyo de las bases socialistas. La prioridad, en este caso, es el calendario: España necesita gobierno con urgencia –esto es lo que reclama la gente, después de tantos meses de provisionalidad- y un pacto Pedro Sánchez-Pablo Casado requería, de entrada, ser cocinado durante muchos meses a fuego lento.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya se conocen muy bien. Las fallidas negociaciones después del 28-A sirvieron para avanzar muchísimo en el esquema y el programa de un futuro gobierno de coalición. Por eso, en una operación relámpago, ha sido fácil retomar las conversaciones y presentar, públicamente, el acuerdo de coalición. 

PSOE y UP suman 155 escaños. La oposición –PP (89), Vox (52), Ciudadanos (10) y Navarra Suma (2)- tiene 153. Por consiguiente, en la segunda vuelta de la investidura, en que solo hace falta mayoría simple, Pedro Sánchez tiene su elección en el bolsillo. Con esta composición del Congreso de los Diputados, es objetivamente imposible que los partidos que se reparten los 42 escaños restantes (ERC, PNV, Coalición Canaria, BNG, JxCat, Bildu, etc.) se añadan a la tri-oposición para impedir la formación del gobierno PSOE-UP. 

Los partidos localistas/nacionalistas/independentistas que decidieran sabotear este acuerdo y voten “no” a la investidura de Pedro Sánchez lo pagarán muy caro. La aplastante mayoría de la sociedad española (incluida la catalana) quiere estabilidad política e ir contra este consenso es políticamente suicida. 

Queda por escribir la letra pequeña de los acuerdos entre PSOE-UP y entre el PSOE-UP y los partidos periféricos, pero este es un trabajo que se está haciendo y que no dudo que culminará con éxito (voto afirmativo o abstención). En Navidad, tendremos gobierno. Todo llega.