Este 1 de julio expira el plazo para que CiU y ERC cumplan con su promesa de anunciar la pregunta de la consulta sobre la independencia. También estos días, todo el mundo espera que Artur Mas solicite formalmente a Mariano Rajoy el permiso para realizar el plebiscito. Pero las cartas están marcadas.
Todo el mundo sabe que el presidente español no permitirá que Cataluña pueda decidir ser un Estado soberano dentro de la Unión Europea. Entre otras cosas porque la Constitución, si bien no lo prohíbe, no autoriza a las comunidades autónomas a pronunciarse sobre un aspecto del cual no tienen competencia, como es su soberanía política. Así lo determinan el artículos 1 y 2 de la Carta Magna, según los cuales la soberanía reside en todo el pueblo español y no en una de las partes, a la vez que proclama la indisoluble unidad de la Nación española, de forma que sólo el Ejecutivo central, a través del Congreso de los Diputados, puede autorizar en Cataluña un referéndum de este estilo. Y esto no pasará si nos atendemos a la actual correlación de fuerzas, que en ningún caso contempla dar a los catalanes la palabra sobre su destino.
Así las cosas, y más allá de que Cataluña tiré de recto, sólo queda que el PSC -y Ciutadans a lo sumo- hagan posible aquello que esgrimen para negar el derecho a decidir de los catalanes: la independencia la tendrían que votar todos los españoles. Casi nadie les ha cogido el guante para instarlos a llegar a este escenario. Si esto se produjera, supondría un auténtico terremoto en la política española, puesto que implicaría poner en la urna una cuestión de la cual mucha población española ni siquiera ha reflexionado al creerla imposible. Incluso, considerando que una mayoría agobiante votara contra el hecho de que Cataluña se separara del resto del Estado, el mismo proceso implicaría abrir un debate que PP y PSOE han negado aferrándose a los preceptos constitucionales. Aparte que dibujaría un mapa rotundamente polarizado: como pasó con el referéndum de la OTAN, Cataluña -y Euskadi- decidirían al contrario del resto y, a tenor de lo qué indican las encuestas, votarían por la secesión de los catalanes.
Lejos de ser estéril, pues, una consulta sobre la independencia de Cataluña en el conjunto del Estado tendría un impacto sociológico y político más allá de las cuatro provincias del Principado. Pero, para llegar, habría que apelar a socialistas y otros partidos españoles a ser demócratas, recordándoles su máxima de que la democracia se expresa en el voto dentro del marco constitucional. Por lo tanto, si fueran coherentes, invertirían esfuerzos para que la consulta se sometiera a todos los españoles, lo cual, de no conseguirse, les pondría otra vez en evidencia. La clave, pues, es que la consulta se haga donde y como sea, pero que se materialice. Resultados en mano, dará a Cataluña la legitimidad para convertirse en un Estado independiente dentro de la anhelada Europa de los pueblos.
