Nuestro sistema democrático acepta cualquier idea, siempre que esta se defienda mediante los mecanismos que tenemos para hacerlo. Como ejemplos tenemos: ideas republicanas en una monarquía parlamentaria; ideas centralistas en un estado de las autonomías; grupos anti-capitalistas en una sociedad que basa su progreso en el desarrollo capitalista; ideas religiosas en un estado laico; división de tareas dentro de las familias, basadas en una condición de nacimiento como es el género; ideas independentistas en un país donde la soberanía es de todos los españoles... Llegando al límite, pueden haber partidos que propugnen alimentaciones que van contra nuestro ser biológico como omnívoros. Una de las grandezas de nuestro sistema democrático es que todas las ideas caben, siempre y cuando sean defendidas desde la lógica democrática, siguiendo las reglas del juego de las que nos hemos dotado.

En un estado democrático, las leyes son las reglas del juego conseguidas mediante un pacto entre diferentes. En nuestro caso, la Constitución del 78 y todas las reglas que se derivan, incluidos los Estatutos de Autonomía. En su elaboración había personas de diferentes sensibilidades políticas, se discutió y se aprobó en las Cortes y fue referendada por todos los españoles. Este pacto es flexible y se puede cambiar siempre y cuando se sigan las reglas del juego para hacerlo.

¿Qué pasa cuando un grupo de personas organizadas decide apropiarse de las instituciones o utiliza medios situados fuera de las reglas del juego para conseguir que la sociedad sea cómo ellas quieren? Entonces se dice que estas personas tienen comportamientos antidemocráticos. Son ejemplos de comportamiento antidemocrático la utilización de la violencia o la unilateralidad, el uso de las instituciones con fines personales (lucro) o partidistas o para fines para los cuales no han sido creadas (conseguir la independencia utilizando municipios o autonomías), modificar las reglas unilateralmente, apropiarse de los recursos públicos o utilizar el engaño y la amenaza para conseguirlo.

Nuestra democracia (se considera avanzada) tiene mecanismos que protegen a las minorías, otorgando más representación a zonas menos pobladas y posibilita la agrupación de partidos pequeños para conseguir el gobierno. En parlamentos o consistorios muy divididos, donde varios grupos han obtenido representación y la lista más votada no obtiene la mayoría necesaria para gobernar, la lógica del pacto es la que posibilita la formación de las mayorías suficientes. Para pactar es imprescindible hacer uso de uno de los principios democráticos más importantes: el reconocimiento del adversario, de su propia existencia y del disfrute de los derechos que nuestras reglas le otorgan. El otro principio democrático importante es, sin duda, la lealtad. Un principio irrenunciable, al que se someten las partes después de haber llegado a un acuerdo, donde todos ganan o renuncian a algunas cosas.

En España, quizás debido a nuestra historia reciente, nos cuesta deshacer los dos bloques tradicionales: derecha-izquierda. Cuando no se obtienen mayorías suficientes esto obliga a pactar con los extremos del mismo bando y limita la capacidad de establecer pactos con los moderados del otro. Este hecho tiene consecuencias graves: el reconocimiento tan sólo de los míos aumenta la radicalización política y la introducción de mecanismos que podrían denominarse poco éticos para conseguir el poder, como la mentira y el insulto. También resulta grave y peligroso para nuestra sociedad el hecho que esta manera de hacer otorga más visibilidad y capacidad para situarse en las instituciones a los grupos más radicales, tentados de utilizar poco democráticamente las instituciones y deformando la verdadera representación de la composición social, además de propiciar la desafección de los ciudadanos más moderados.

Esta radicalización política puede acabar produciendo efectos sociales imitativos que afecten la convivencia. También produce un efecto no menos nocivo, como es la imposibilidad de llegar a acuerdos generales de gran calado que permitan mejorar el sistema del cual nos hemos dotado, como son la realización de cambios constitucionales importantes. Valgan estas ideas para establecer pactos de gobernabilidad entre las fuerzas políticas surgidas en las últimas elecciones, a las instituciones municipales, autonómicas y del Estado.