El conflicto entre el sector del taxi y el de las VTC -con todos los graves incidentes violentos que lo han acompañado y con la enèssima huelga de taxistas que perjudica sobre todo a los usuarios de este sector público pero también a restauradores, hoteleros y comerciantes, a la vez que perjudica la marca de Barcelona en el mercado turístico internacional-, es una nueva demostración del desgobierno a que estamos sometidos los ciudadanos por parte de algunas administraciones públicas. Un desgobierno que, en este caso como en tantos otros, tiene como causa principal la incompetencia patente por parte de algunos dirigentes políticos que se afanan en lograr cada vez más y más competencias que después demuestran que no saben gestionar.
En este caso lo hemos visto tanto por parte de dos gobiernos autonómicos, el de la Generalitat de Catalunya y el de la Comunidad de Madrid, y en una medida quizás levemente inferior también por parte de los equipos de gobierno municipales de Barcelona y Madrid. Estas cuatro administraciones, todas ellas con competencias sobre este sector traspasadas desde hace algunos meses por parte del Gobierno español a petición de ellas, han insistido una y mil veces en pedir a este mismo Gobierno central, al que hasta hace bien poco le habían reclamado el traspaso de estas competencias, que les resolviera el grave conflicto que ellas han demostrado que eran incapaces de resolver por sí solas; vaya, que les sacase las castañas del fuego.
Las subastas competenciales suelen acabar teniendo estas consecuencias, que evidentemente perjudican sobre todo al conjunto de la ciudadanía y que afectan de una manera negativa a uno o incluso al conjunto de los sectores enfrentados en un conflicto competencial.
No es un secreto para nadie, cuando menos entre quienes en Catalunya ttenemos una cierta edad y cuando menos un poco de memoria, que Jordi Pujol, durante todo su largo mandato de casi un cuarto de siglo como presidente de la Generalitat, no quiso nunca que su Gobierno asumiera la competencia de la recaudación tributaria, simplemente porque esta tiene, obviamente, una imagen negativa por parte de la ciudadanía: prefería que fuese la Administración central, es decir la Agencia Tributaria española, quien recaudara la gran mayoría de los impuestos que pagamos los residentes en Catalunya, para recibir después las correspondientes transferencias presupuestarias.
En el sector del taxi, las competencias han sido descentralizadas, es decir en manos de las administraciones locales y/o territoriales. Algo muy similar tenía que pasar, inevitablemente, con las VTC, un nuevo sector emergente que, como tantos otros y guste o no, ha venido para quedarse. Las VTC son una realidad ya prácticamente en todo el mundo, cuando menos del mundo occidental y desarrollado. Son una consecuencia más de la informática, de la digitalización y, de alguna manera, también de la globalización. Cómo pasó ya hace mucho tiempo con la gran revolución industrial, como pasó más recientemente con la terrible crisis de la siderurgia y de la minería, son hechos inexorables que requieren procesos de adaptación, normalmente traumáticos.
El sector del taxi históricamente ha sido un servicio público de gestión privada, en un régimen factualmente de monopolio, con concesiones administrativas reguladas y otorgadas mediante el pago de las cuotas correspondientes. Esto creó un mercado paralelo pero legal de transmisión de estas concesiones, que se ha mantenido a lo largo de las últimas décadas y que sólo la irrupción de las VTC -que hay quienes ahora quiere hacer creer que era inesperada y repentina, pero que era del todo previsible- ha cuestionado.
Más pronto que tarde, taxis y VTC tendrán que coexistir también en nuestro país. Hace falta una regulación que lo haga posible. Una regulación que, por las características propias de estos tipos de servicio, quizás llegarán a tener unas normativas marco de ámbito comunitario y/o estatal, pero que en todos los casos tendrán que ser reguladas, administradas y gestionadas por entes territoriales menores; es decir, por comunidades autónomas, municipios y/o entidades supramunicipales. En cualquier caso, sin embargo, quién asuma las competencias no podrá ser incompetente. Y si alguna administración no quiere asumir estas competencias, nos lo tendrá que justificar. Lo que es del todo inaceptable y que supera el ridículo, hace pena y causa vergüenza ajena, es reclamar unas competencias a la Administración central y después correr a pedir que le resuelvan los problemas causados por su incompetencia.
