En el tablero de la política catalana hay dos estrategias confrontadas: la vía del diálogo y de la negociación para superar el colapso institucional que han provocado la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 y la fallida apuesta por la independencia unilateral; y la vía del “cuanto peor, mejor”, que persevera en la catastrófica espiral de la provocación-represión para conseguir la rendición y la claudicación del enemigo.

En la primera vía encontramos al PSC, Esquerra –que ha ido moderando progresivamente su mensaje maximalista- y En Comú Podem. En la segunda, hay un extraño batiburrillo donde coinciden Ciudadanos, PP y Vox, ansiosos de volver a aplicar el artículo 155 con más intensidad, los puigdemontistas y su satélite de izquierdas, el Frente Republicano de Albano Dante Fachín.

Si damos una mirada amplia a la sociedad catalana, también encontraremos dos sentimientos confrontados: los unos, la mayoría, que ya están cansados y exhaustos del debate sobre el “monotema”, que hace más de seis años que dura y prefieren más no insistir; y los otros, que continúan con la misma canción, bien sea para exigir la implementación de la DUI o la de un 155 contundente e “in aeternum”.

El juicio del 1-O y la situación de los nueve políticos presos introducen una variable en este esquema. Aquí, el PSC apoya al PP, Ciudadanos y Vox al considerar que los líderes independentistas infringieron gravemente la Constitución y que tienen que responder por sus actos (¿rebelión? ¿sedición? ¿tentativa para la sedición? ¿desobediencia?) ante la justicia. Por su parte, En Comú Podem sintoniza con los partidos del movimiento soberanista y encuentra injustificada y excesiva la represión ejercida por los aparatos del Estado contra el 1-O.

En este contexto, el próximo día 28 llegan unas elecciones generales cargadas de incertidumbre. Instigadas, no lo olvidemos, por la decisión del PDECat, ERC y Podemos de no apoyar los Presupuestos del gobierno socialista de Pedro Sánchez, que ellos mismos habían llevado a la Moncloa unos meses antes, al sumarse a la moción de censura presentada contra Mariano Rajoy.

También una buena parte de la sociedad española está fatigada de la crispación política incesante de los últimos años. En este caso, motivada por los grandes casos de corrupción que han salpicado, principalmente, al PP y que ya se están sustanciando ante la justicia. El PSOE también lo ha pagado con la pérdida del gobierno de Andalucía, que detentaba, anómalamente, desde hacía 40 larguísimos años.

Pedro Sánchez ha demostrado que es un político inteligente, audaz y con “baraka”. Su ascensión, en dos tiempos, a la cúpula del PSOE, enfrentándose y venciendo a la “vieja guardia” felipista, es un ejemplo. Rápido de reflejos, también supo aprovechar el impacto de la sentencia del caso Gürtel para montar una operación relámpago que desplazó a Mariano Rajoy de la presidencia del gobierno para ponerse él.

Hace menos de un año que está en la Moncloa. En este tiempo, ha tenido la habilidad de enfriar los grandes incendios que le había dejado su antecesor en el cargo y ha impuesto su autoridad en las tensiones planteadas por algunos barones territoriales de su partido.

Además, ha tenido la gran suerte que la derecha española se ha fragmentado, con tres partidos (PP, Ciudadanos y Vox) disputándose a dentelladas.

El espacio electoral que dio las mayorías absolutas a José María Aznar (2000) y a Mariano Rajoy (2011). La misma situación se ha encontrado en Cataluña, donde ERC, PDECat y puigdemontistas están librando una batalla sin cuartel para obtener la hegemonía del electorado independentista.

Esta división y radicalización en el campo de la derecha española y del independentismo catalán deja un enorme agujero para que el PSOE y el PSC puedan ocupar cómodamente el centro reformista, que es donde se ganan las elecciones cuando la situación económica es benévola, como pasa en la actualidad. Si Pedro Sánchez no comete ningún error garrafal en la campaña electoral que empieza este viernes, día 12, los socialistas pueden obtener una clara victoria en las urnas el 28-A que impida matemáticamente, además, la tentación de formar un gobierno “trifachito” a la andaluza.

La vía unilateral a la independencia de Cataluña está muerta y enterrada. De hecho, lo está desde el primer momento que se planteó el referéndum, cuando la Comisión Europea ya se pronunció, de manera explícita y contundente, en contra de la secesión de una parte de un Estado miembro de la UE. Pero los catalanes hemos demostrado, en los últimos tres siglos, que somos ciegos y duros de oído y ésta es una pésima manera de ir por el mundo.

La Guerra de Sucesión española, que enfrentó a las grandes potencias europeas en el siglo XVIII, acabó con la firma del Tratado de Utrecht en 1713. Pero los catalanes austriacistas decidieron continuarla por su cuenta, hasta la caída final de Barcelona, un año después. El otro gran momento en el cual se modificaron las fronteras europeas fue después de la I Guerra Mundial, pero España se mantuvo al margen y los empresarios catalanes lo aprovecharon para hacer los grandes negocios que impulsaron la industrialización y la modernización del país, de la cual sus herederos estamos tan orgullosos.

Tal como evoluciona el juicio, es evidente que el Tribunal Supremo condenará e inhabilitará a los líderes independentistas catalanes que protagonizaron el 1-O. La única posibilidad objetiva para que salgan pronto de las prisiones pasa por la concesión de un indulto gubernamental. Y este horizonte solo es factible con Pedro Sánchez sólidamente consolidado en la Moncloa y con el PSC formando parte del gobierno de la Generalitat que se constituya después de las próximas elecciones autonómicas, que sería bueno anticipar el máximo posible, por el bien de todos los catalanes y también de los prisioneros y de sus familias.

Entrar en el escenario del “cuanto peor, mejor”, que predican los puigdemontistas y el Frente Republicano, significa que en la Moncloa gobierne el “trifachito”. Entonces, la posibilidad del indulto quedaría congelada y la Generalitat sufriría las consecuencias de la anunciada oleada represiva contra las instituciones catalanas de autogobierno que, en definitiva, pagaríamos todos, pensemos como pensemos. Se me hace difícil imaginar que, obcecado por su infinita soberbia, Carles Puigdemont sea capaz, desde su refugio de Waterloo, de desear tanta maldad a sus ex compañeros del consejo ejecutivo y al conjunto de la sociedad catalana.