El apoyo de Junts per Catalunya (JxCat) a la elección de la socialista Núria Marín como presidenta de la Diputación de Barcelona, en detrimento del candidato de Esquerra (ERC), ha provocado un terremoto en el mundo independentista. Carles Puigdemont y el presidente vicario de la Generalitat, Quim Torra, que han sido los profetas incansables de la necesaria unidad del movimiento secesionista, han quedado con el culo al aire. 

La incongruencia del residente en Waterloo es todavía más grave. Su mujer, Marcela Topor, está contratada por la Xarxa Audiovisual Local (XAL), un organismo dependiente de la Diputación de Barcelona, con una compensación económica mensual de 6.000 euros. La supeditación del voto de JxCat a los intereses familiares del ex presidente de la Generalitat es un caso asqueroso de nepotismo que desacredita la aureola de independentista insobornablemente fiel al mandato del referéndum del 1-O que ha querido cultivar Carles Puigdemont. 

Después del portazo del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y de la renuncia de Carles Puigdemont a recoger el acta de eurodiputado en Madrid –acompañada de la espantá protagonizada en Estrasburgo, donde dejó en la estacada a los catalanes de buena fe que se trasladaron a la capital europea-, la pretendida internacionalización del proceso, que justifica la fuga del ex presidente a Bélgica, ha quedado en vía muerta. En este contexto, lo más sensato seria cerrar el carísimo chiringuito de Waterloo, que ha dejado de tener sentido después de la elección de Núria Marín, y que Carles Puigdemont se reúna con su familia en Suiza, Moscú o Rumanía. 

Carles Puigdemont ha dejado de ser un referente y ha perdido toda la credibilidad. Ante la traición a la unidad independentista perpetrada en la Diputación de Barcelona, su figura ha quedado definitivamente amortizada. En cambio, el sufrimiento personal y familiar de los nueve políticos que permanecen en la prisión y que afrontan la sentencia del Tribunal Supremo merece respeto y reconocimiento público. 

Una reflexión sobre los hechos de este pasado 11 de julio. Las cuatro diputaciones catalanas -que son el objeto del deseo obsesivo de los partidos independentistas- constituyen un anacronismo inaceptable. La organización provincial de España, que data del año 1833, es, en el caso de Cataluña, totalmente disfuncional. El Área Metropolitana de Barcelona, las Tierras del Ebro y las comarcas del Alto Pirineo son realidades tangibles que necesitan una organización administrativa diferenciada, que no se corresponde con la partición provincial vigente. 

En vez de pelearse por las sillas, la fuerza transformadora del independentismo debería focalizarse, por ejemplo, en suprimir y reformular las cuatro diputaciones heredadas. He aquí una buena manera de canalizar, con cuestiones concretas y constructivas, el ‘tsunami’ político que se ha provocado. ¿O ahora no interesa, por motivos crematísticos de corto alcance, abrir este melón?