La resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras ha supuesto, de rebote, que Carles Puigdemont y Toni Comín, residentes desde el año 2017 en Bélgica, puedan acceder a la condición de eurodiputados. Esta sentencia, sin embargo, es un arma de doble filo.

Si Carles Puigdemont consolida esta responsabilidad durante los próximos cinco años (veremos qué pasa con el suplicatorio que presenten las autoridades judiciales españolas en el Parlamento europeo), esto quiere decir que tendrá que modificar sus hábitos de vida. La condición de eurodiputado comporta unos derechos, pero también unos deberes. Y uno de los más importantes es el de la transparencia en las actividades y las finanzas personales de los electos.

Es obvio que el chalé de la rue de l’Avocat 34 de Waterloo, con un alquiler que supera los 4.000 euros mensuales, es una excentricidad en relación con el sueldo que percibe un eurodiputado español, como es el caso de Carles Puigdemont (6.824,85 euros netos mensuales). Hasta ahora se ha podido instalar en él porque los gastos van a cargo del fantasmagórico Consejo por la República y de las opacas entidades que lo orbitan (CATGlobal, CATCiP, defensaexili.org...), que se financian quién sabe cómo.

Pero todo esto, a partir del día 13 de enero, cuando se incorpore a la disciplina de la Eurocámara, se habrá acabado. Carles Puigdemont estará sometido a un examen riguroso y permanente de sus gastos, como ocurre con todos y cada uno de los 751 eurodiputados. Sus dietas estarán controladas y la partida dedicada a la contratación de asistentes (hasta 24.943 euros mensuales en salarios) la paga directamente el Parlamento europeo a sus destinatarios finales.

Estas pasadas fiestas navideñas, la mujer y las dos hijas de Carles Puigdemont han viajado a Waterloo. Es obvio que habrán tenido tiempo de hablar del futuro que la familia tiene delante y de hacer planes. De momento, Marcela Topor ha renovado el contrato que mantiene con la XAL (Diputación de Barcelona) durante seis meses para hacer su surrealista programa de televisión en inglés, pero que le garantiza unos ingresos de 6.000 euros mensuales, que le sirven para mantener su vida y la de sus dos hijas en Sant Julià de Ramis, sin depender del marido.

En estos próximos seis meses se sabrán algunas cuestiones esenciales: si la justicia española presenta un suplicatorio en el Parlamento europeo para pedir que se levante la inmunidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y Oriol Junqueras; cómo “respiran” los principales grupos políticos de la Eurocámara con la tramitación del suplicatorio y su posible resolución; cómo evolucionan las otras demandas presentadas ante el TJUE...

Por todo ello, Carles Puigdemont tendrá que andar con pies de plomo. Sometido a las obligaciones de la Eurocámara, no podrá jugar, como hasta ahora, a ser el presidente de la Generalitat en el “exilio” ni el Lenin que espera volver a Cataluña para encabezar la revolución (¿cuál?). La condición de eurodiputado es incompatible con ser protagonista de “películas” del Zorro.

Más temprano que tarde, tendrá que abandonar la gran mansión de Waterloo para ir a vivir, como el resto de eurodiputados, en un piso normal y corriente. También tendrá que dejar la presidencia del Consejo por la República, que es incompatible con su tarea en el Parlamento europeo, por la cual cobra un buen salario que tiene que justificar con el trabajo legislativo que le corresponde. Las facturas que cobran sus carísimos abogados para defenderlo las tendrá que declarar cuando le toque pasar cuentas con Hacienda.

La sentencia del TJUE ha sido acogida como una gran victoria por el ex-presidente y su claque. Pero su implementación tiene unas consecuencias que, objetivamente, diluyen y debilitan el papel de Carles Puigdemont.

Delante suyo, el Parlamento europeo le ofrece un puente de plata: acaba de cumplir 57 años y tendrá 61 cuando acabe la legislatura, si consigue superar la amenaza del suplicatorio. Entonces, se podría acoger a la indemnización transitoria de dos años que otorga la Eurocámara a sus miembros cuando acaban el mandato y empalmar con la pensión de jubilación, a la cual tienen derecho los eurodiputados cuando cumplen los 63 años.

El único problema de este escenario son las causas judiciales que tiene pendientes en España y que le impiden el retorno. Además, sus documentos oficiales –DNI y pasaporte- tienen una fecha de caducidad próxima, hecho que obstaculizará su libertad de movimientos fuera de Bélgica.

Como es lógico, Marcela Topor y sus hijas aspiran a llevar una vida de familia normal y, a buen seguro, apuestan porque Carles Puigdemont agote los cinco años de legislatura en Bruselas, donde se trasladarían a vivir. Por lo tanto, la idea de liderar Junts per Catalunya a partir de la Crida y la complicada refundación de Convergència es, desde esta perspectiva, una quimera. También la de ser candidato a las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña o la pretensión ilusoria de incidir en el día a día del gobierno de la Generalitat.

En Cataluña hay espacio electoral para un partido independentista de derechas, liberal y populista, como el N-VA flamenco, que intente hacer el papel de la antigua CDC. Pero Carles Puigdemont no tiene el ánimo, ni la capacidad, ni la libertad de movimientos para encabezarlo, a pesar de que tiene una tendencia innata al autoritarismo y a creerse la reencarnación de Wifredo el Velloso.

De manera inexorable, el camino que ha elegido hará que la llama de Carles Puigdemont se vaya extinguiendo con el paso de los meses y de los años. Pero no solo él, sino todo aquello que representa. No debemos olvidar que Carles Puigdemont llegó a presidente de la Generalitat por decisión del presidente Artur Mas que, a su vez, recibió el encargo del presidente Jordi Pujol de ser el candidato convergente a las elecciones del 2003, 2006, 2010 y 2012. Por lo tanto, hay una línea directa entre el fundador y líder de CDC -hundido por los escándalos de corrupción de su familia- con Carles Puigdemont. Es una rama del mismo tronco, del mismo árbol.

Cuando la casa de la rue de l’Avocat 34 de Waterloo quede vacía, podremos decir que se habrá acabado una etapa de la historia de Cataluña. Carles Puigdemont es el último pujolista.