Las caravanas de migrantes de América Central atraviesan México dispuestas a cruzar el muro de Tijuana, el río Bravo o el desierto de Arizona. Nada puede impedir que hombres, mujeres y niños se unan a las caravanas y anden juntos. Un 13% de la población centreamericana abandona su casa, no por gusto sino a la fuerza, huyendo sobre todo, de la violencia. Los que tienen la oportunidad de subir a un avión, llegan a Europa y llaman a nuestra puerta.
España es el primer país de la Unión Europea en recibir personas de Honduras y el segundo, después de Italia, enrecibir salvadoreños. En 2016, los naturales de El Salvador fueron el tercer colectivo de solicitantes de asilo en Catalunya, y los de Honduras, el cuarto. Cuando la gente llama a la puerta pidiendo refugio es porque pasa algo grave. La mayoría huye de la violencia provocada por el fenómeno de las maras, organizaciones criminales que aterrorizan a la población. Pero cuando migrantes y refugiados llaman a la puerta, también nos traen mensajes.
El primero, nos explica más de un siglo de desigualdad y violencia estructural. Para entenderlo hay que recordar aquel cliché de "república bananera" que en realidad, como describió Pablo Neruda en un poema, era un verdadero "infierno verde". Las compañías bananeras —especialmente la United Fruit Company, el primer consorcio multinacional— sembraron, además de bananas, un infierno de explotación en la región. Se apropiaron de decenas de miles de hectáreas en cada país a cambio de construir el ferrocarril y adquirieron más poder y autoridad que los estados. Su alianza con la oligarquía local y el ejército facilitaba la represión (que eran auténticas masacres) en caso de que los trabajadores protestaran. Años más tarde, fue directamente la CIA quién organizaba los golpes de estado para impedir las reformas agrarias y favorecer a las compañías, como el golpe de estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala el 1954, hecho precedente de la guerra civil en este país que duró 36 años.
En la década de los 70 la represión fue sistemática en toda la región, y también se incrementó la organización y la respuesta de los campesinos. En El Salvador (un país más cafetero que bananero) la guerra civil estalló en 1980. Más de un millón de refugiados salvadoreños que huían de la guerra se establecieron en California, pero los Estados Unidos (que habían invertido 1,4 billones de dólares en la guerra) no les reconocieron el derecho de asilo y los persiguieron como inmigrantes indocumentados.
Estudios del momento, dirigidos por un equipo de psicólogos de la UCA de El Salvador, vaticinaron las secuelas de la guerra y advirtieron que la carencia de atención a las familias refugiadas establecidas en barrios marginales era un problema grave. Muchos adolescentes y jóvenes se integraron en el sistema de pandillas californianas, la pandilla chicana Barrio 18 y la recientemente fundada Mara Salvatrucha 13. En los años 90, las duras políticas de deportación de los Estados Unidos expulsaron a estos jóvenes hacia sus países de origen.
En El Salvador, los acuerdos de paz de 1992 no cambiaron el sistema económico y los jóvenes deportados se encontraron en un país empobrecido, con instituciones débiles… y con armas. Reprodujeron el sistema de pandillas californianas y las dos grandes pandillas, la MS 13 y Barrio 18, crecieron en adeptos y organización, especialmente desde las prisiones. Ya no se trataba de bandas juveniles de calle, sino de bandas criminales que consiguieron el control territorial mediante extorsiones, violencia y actividades delictivas.
Las políticas de "mano dura" de los últimos años no pudieron apaciguar el fenómeno de las maras y los índices de violencia volvieron a ser como los de la guerra. Una espiral de violencia sin fin que actualmente impregna la vida cotidiana de toda la población. Aquella crisis de refugiados provocada por una guerra en los años 80 ocasiona ahora otra crisis de refugiados de mayor dimensión, aunque aparentemente la actual esté fuera de un contexto bélico. Y este es otro mensaje que nos traen los refugiados del Triángulo Norte.
América Central llama a la puerta y tenemos que responder. Tenemos la responsabilidad de acoger a estas personas que huyen del miedo y de la violencia, de ofrecerles atención y un entorno seguro donde puedan desarrollar sus vidas en paz, y lograr sus aspiraciones. Y tenemos el deber de devolverles su dignidad.
